CSUTCB exigió en 2014 la destitución de Aramayo

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) pidió en noviembre de 2014, la destitución de Marco Antonio Aramayo como director del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). 

El secretario Ejecutivo de la organización campesina, Rodolfo Machaca, recordó que la medida fue una Resolución que incluía el pedido a la Contraloría General de Estado de agilizar la auditoria de la entidad estatal, por aparentes irregularidades dentro de la institución.

Machaca recordó que Aramayo, quien asumió el cargo en representación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) ya había concluido su gestión en noviembre del pasado año. Sin embargo, la petición de los campesinos no fue escuchada por el Directorio del Fondioc, que preside la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

“Hemos pedido esa vez la destitución del cargo de Director del Fondo Indígena, del señor Marco Antonio Aramayo, que de una vez por todas pueda dejar (el cargo) porque la CIDOB concluyó sus funciones”, declaró a Erbol.

Indicó que en 2013 se pidió la reingeniería del Fondioc y ese mandato no fue atendido por Aramayo, ni por Daniel Zapata, también representante de la CIDOB, que también fue Director.

El represente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Gustavo Aliaga, dijo que no se sacó a Aramayo en ese entonces porque aún debía rendir un informe al Directorio sobre su trabajo, pero no lo hizo. Sin embargo, también se conoció que Aramayo se quedó más tiempo en el cargo porque no se pudo hacer un cambio alguno, ni antes, ni después de las elecciones nacionales de octubre de 2014.

Aramayo fue destituido el miércoles y su cargo fue asumido por Lariza Fuentes, quien además funge de interventora. En un plazo de seis meses, Fuentes deberá dar a conocer los resultados de la intervención, para aclarar las denuncias de corrupción en esa instancia.

Aramayo, Zapata y además de la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, tienen un proceso penal iniciado por la Contraloría, pues no cumplieron con su trabajo de fiscalización y monitoreo de los proyectos productivos, para su conclusión.