Pueblos indígenas: más allá de la consulta previa

Un informe publicado por este Diario el lunes evidenció la poca profundidad en los ofrecimientos hechos sobre el tema indígena por los 19 candidatos a la presidencia. El cambio de discurso –en menos de 12 horas– del candidato de Todos por el Perú, Julio Guzmán, sobre la consulta previa abrió el debate en torno a ese tema en la agenda electoral.

En agosto del 2015, dos de las cuatro federaciones de las cuencas amazónicas en proceso de consulta por el lote 192 denunciaron haber sido obligados a decidir en poco tiempo sobre una opción contraria a sus intereses. Según dijeron, tal como se planteó el proceso no se garantizaba el respeto de sus derechos.

Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien asistió a las negociaciones, dijo a El Comercio que la participación de los representantes indígenas estuvo condicionada por dificultades logísticas. Además, que la representación de las comunidades estuvo puesta en duda por la adhesión en el diálogo de grupos no representativos.

“Ha habido procesos de diálogo que nos han servido para que se respeten nuestras decisiones como en el tema forestal, pero sentimos que no ocurrió en el caso del lote 192. Quizá falta  implementar mejor la ley”, dijo Rengifo.

Ángela Acevedo, directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, prefiere ver lo positivo en el caso del lote 192. Resalta, además, los 22 procesos de consulta previa hechos desde su implementación hasta hoy y los 20 casos en que hubo acuerdos.

“Los procesos de consulta no están limitados solo para minería o petróleo. Se dan cuando existe el riesgo de alguna afectación a los derechos indígenas, por ejemplo, en salud, educación bilingüe o en temas forestales. Hace dos días, cerramos el proceso de consulta del área de conservación regional Tres Cañones, en Espinar [Cusco]”, manifestó Acevedo. 

No solo es consulta previa

Paulo Vilca, ex viceministro de Interculturalidad, consideró que uno de los motivos que han dificultado una adecuada implementación de esta ley es que, pese a que la pauta de la política general la fija el Ministerio de Cultura, los procedimientos dependen de distintas entidades del Estado y de funcionarios que no comprenden el problema indígena.

“Se deben realizar procesos de consulta previa en atención a las particularidades de cada caso. Al ser un procedimiento nuevo no existe mucho conocimiento en el país y a eso se añade la complejidad de las decisiones políticas”, expresó. (El Comercio)