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El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó este miércoles, el “Informe sobre la violación de derechos humanos de la capitanía Takovo Mora”, en el que se concluye que el Estado, a través de las fuerzas policiales, durante la intervención a la movilización que realizaba este pueblo indígena, el 18 de agosto del año pasado, vulneró “de manera flagrante, premeditada y culposa”, los derechos a la integridad; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal; además de derechos específicos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada. Esta acción fue calificada por la autoridad como “despiadada y criminal” y la comparó con lo sucedido en Chaparina.
“Se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”, señala el informe que recomienda al Fiscal General del Estado proseguir las acciones penales contra los autores directos e indirectos, así como cómplices, encubridores e instigadores de este hecho, especialmente, en relación a aquellos delitos cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Durante la conferencia de prensa, el Defensor consideró que las acciones de Takovo Mora, como las de Chaparina tiene su origen en la política extractivista salvaje y depredadora que está conduciendo irremediablemente a la desaparición de pueblos y comunidades indígenas y la degradación y destrucción del medio ambiente.
“Las experiencias en varios lugares del mundo, donde se han implementado políticas extractivistas dan cuenta de los extremos que señalamos y se repetirán en Bolivia, si no se retorna a la racionalidad y la búsqueda de un desarrollo en armonía con la naturaleza y con la protección de los territorios indígenas, hoy amenazados por las acciones que se originan en Decretos como el 2366, que entrega las áreas protegidas a la voracidad de las empresas petroleras transnacionales, que ya han iniciado actividades de exploración en zonas endémicas e, incluso, parques nacionales que ya pone en peligro el equilibrio ecológico y la sobrevivencia de los pueblos y comunidades indígenas que allí habitan”, afirmó.
El Informe, que será enviado a las autoridades correspondientes y publicado en el sitio web de la institución, señala que en la represión llevada a cabo en la comunidad de Yateirendá de la Capitanía Takovo Mora, ubicada a 120 kilómetros de Santa Cruz, se produjo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales, pese a que muchas personas ya se hallaban reducidas; adicionalmente las fuerzas policiales procedieron a la destrucción y el despojo de diversos objetos de propiedad de los comunarios, sin ninguna justificación. Además, afirma que la intervención fue utilizada para aprehender a dirigentes y personas de la comunidad, entre ellas, menores de edad, quienes en muchos casos se hallaban encerrados en sus casas y no en el sector del conflicto.
Villena señaló que además de las lesiones físicas ocasionadas por los 500 policías que realizaron la intervención, se ejercieron agresiones verbales mediante insultos, acusaciones, amenazas y gritos mostrando desprecio “desde una posición de poder y encaminadas a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal de las víctimas. La comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los comunarios de Takovo Mora, no sólo ocurrieron durante la intervención, sino que se extendieron mientras se encontraban detenidos en carceletas y recintos policiales”, concluye el informe.
Este informe, según explicó el Defensor, se realizó recurriendo a entrevistas y testimonios de las personas afectadas de la comunidad y a la dirigencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), revisión de las noticias y las imágenes publicadas en los medios de comunicación locales y nacionales e informes oficiales que “fueron entregados con un retraso considerable”. “Se presentaron dificultades en la recopilación de los datos habida cuenta del temor y el recelo que evidenciamos, de parte de las personas entrevistadas, a sufrir represalias posteriores”, indicó.
El documento también refiere que desde hace 19 años los indígenas de Takovo Mora han demandado la titulación de ese sector como Tierra Comunitaria de Origen, pero que el proceso de saneamiento no avanza en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Durante estos años sólo se sanearon 45 mil hectáreas a favor de los indígenas de un total de 271.000 hectáreas.
El conflicto que derivó en la represión policial se generó por la demanda de los indígenas que se realizara la consulta previa antes de iniciar actividades hidrocarburíferas en sectores donde está ubicado el Bloque el Dorado que afecta al área rodeada por el Territorio Originario Indígena Campesino Guaraní de Takovo Mora. El gobierno respondió que la consulta no era necesaria porque ese predio era propiedad privada del señor Juan Carlos Soza Soruco y que se encuentra saneado y titulado por el INRA.
El Informe Defensorial señala al respecto, que de acuerdo a lo investigado existe “sobreposición de predios privados en los territorios demandados por la TCO Takovo Mora”, además de “inexactitud sobre la superficie del territorio en el que se desarrollan las actividades hidrocarburíferas”. Además precisó que “en las distintas fases de la exploración y explotación hidrocarburífera, las prácticas operacionales típicas de la industria petroleram producen la destrucción de la biodiversidad y del ambiente en general. Así, los impactos ambientales no se restringen a la zona donde se desarrolla el proyecto hidrocarburífero, pues la alteración ecosistémica provocada por la extracción petrolera se extiende mucho más allá de los límites del proyecto”.
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