Exdirector del Fondioc pide una auditoría a proyectos

El exdirector del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo Caballero, solicitó a la comisión de fiscales, que investiga la presunta corrupción en esa entidad estatal y proyectos “fantasmas”, realizar una auditoría técnica financiera administrativa a más de 1.000 proyectos productivos. 

Héctor Castellón, abogado de Aramayo, quien está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, explicó a Erbol que con esta petición se pretende esclarecer muchas dudas del proceso judicial que afronta su cliente.

“Estamos solicitando en calidad de proposición de diligencias, una pericia consistente en una auditoria técnica, eso es para ver cuáles han sido los procedimientos; administrativo, para ver qué personas han ido participando y cuál podría ser el grado de participación en la elaboración, aprobación, desembolso y seguimiento de los proyectos; y sobre todo económica, para que el Ministerio Público tenga la capacidad de decir a la población boliviana, porque parece que la Contraloría no la tiene, el daño económico, si es que existe”, señaló Castellón.

Aramayo también solicitó recientemente a la Fiscalía del Distrito de La Paz, que todos los miembros del Directorio del exFondo Indígena, así como la presidenta y exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, testifiquen para esclarecer este caso. Sin embargo, no hay respuesta a esa petición.

Junto con Aramayo, también se encuentra detenida la otra exdirectora Ejecutiva del exFondioc, Elvira Parra. Ambos, además de Daniel Zapata, quien está prófugo y también fue director del Fondo, fueron acusados por supuesto daño económico e incumplimiento de deberes, entre otros delitos.

Castellón señaló que se abrió más de 60 procesos en contra de su cliente y que lo responsabilizan de todo lo ocurrido en el Fondo, pese a que sólo estuvo en el cargo un año y cinco meses (2013-2014). Empero, las obras datan desde 2010.  

Las investigaciones de la intervención que hizo el gobierno al Fondo –una instancia que estuvo manejada desde 2009 por sus organizaciones aliadas– develaron un posible daño económico de 102 millones de bolivianos, 30 proyectos “fantasmas” por Bs14MM y más de 700 proyectos inconclusos.