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Aura Lolita Chávez Ixcaquic, conocida como Lolita, es una de estas mujeres activistas que tanto molesta a gobiernos y corporaciones. Originaria de la comunidad de El Quiché de Guatemala, “donde viven la mayor parte de los pueblos originarios del país” según cuenta, es una educadora maya k'iche' que desde hace años defiende los derechos de los pueblos indígenas y, sobre todo, de las mujeres que los habitan. “Guatemala estigmatiza y persigue a las mujeres que lideramos las luchas de la comunidad indígena”, sostiene mientras explica que son ellas, las mujeres, las que más participan y lideran la resistencia indígena en Guatemala. Sus denuncias, tal y como relata, “han pasado de lo personal a lo macro económico”. “Las defensoras (de derechos) estamos mal vistas”, explica. “Incluso me llaman terrorista”, se sorprende.
Lolita Chávez preside el Consejo de Pueblos K'iche' por la Defensa de la Vida, la Madre Naturaleza, la Tierra y el Territorio (CPK); cuya organización agrupa a 87 comunidades y a autoridades tradicionales que luchan por proteger los recursos y las tierras del pueblo indígena de El Quiché. También forma parte de la Iniciativa Mesoamericana de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que articula redes de defensoras en Guatemala, El Salvador, México y Honduras; por cuya labor fue galardonada en el año 2014 con el Premio Internacional de DDHH Letelier Moffit.
Lolita cuenta que las mujeres indígenas, desde niñas, viven “en un sistema patriarcal, capitalista y racista que las excluye”. “Las escuelas siempre fueron violentas con las mujeres indígenas porque nos consideraban con menos derechos que las mujeres blancas, adineradas o los hombres”, recuerda. Cuando se hizo educadora y empezó la posguerra, tras más de tres décadas de Guerra Civil en Guatemala (1960-1996), se hizo activista por los derechos de las mujeres y de su tierra. “Teníamos muchas secuelas de la violencia ejercida por los militares y el propio Estado”, relata. De esta forma, las mujeres indígenas se organizaron y empezaron a denunciar su situación personal, la persecución de los militares y a “tocar intereses de familias millonarias en Guatemala”.
“Empecé a denunciar situaciones que en mi pueblo eran tabú”, explica. Estas denuncias incluían la jornada laboral, las relaciones sexuales de pareja (“una cuarta jornada laboral porque muchas veces somos obligadas a mantenerlas”, añade) o las violaciones de miembros del Ejército. “Los militares han ejercido un control sobre los cuerpos de las mujeres muy violento. Empezamos a denunciarlos con nombres y apellidos. Uno de ellos fue presidente de Guatemala (2012-2015), Otto Pérez Molina, ahora encarcelado”, detalla.
De un gran poder como el Ejército pasaron a “denunciar empresas transnacionales, como la canadiense Goldcorp [que explota la mina Marlin de la región de San Marcos], y al propio Estado”. “Mantenemos una denuncia internacional contra el Estado de Guatemala por la Ley de Minería”, afirma en relación a los intereses compartidos entre gobiernos y empresas transnacionales para la explotación de los territorios indígenas. “El Estado ha dado licencias de todo nuestro territorio sin escuchar a los pueblos de Guatemala”, sentencia.
La activista cuenta que, reconociendo su labor en defensa de los recursos y los territorios indígenas, el Parlamento Europeo la invitó a denunciar a las empresas mineras que operan en la zona. “Cuando hablé de las hidroeléctricas ya no gustó a la UE”, explica para demostrar que sus recursos (agua, petróleo, minerales) “son codiciados por las potencias mundiales”. “Los pueblos originarios estamos en contra de todas las empresas que despojan y saquean a la Madre Tierra. Detrás de nuestros bienes están potencias como Europa, EEUU o otros países que tienen paraísos fiscales como Canadá o China”, relata.
Amenazada por los grandes poderes
Lolita reconoce que enfrentarse a los grandes poderes (empresas, Estado, Ejército e Iglesia) conlleva riesgos personales. “Solo estar viva ya es un logro para todos los activistas”, asevera. “Siempre estamos al cuidado de cualquier ataque. Las empresas foráneas generan bienestar a base de nuestra muerte”, añade. Los integrantes del CPK han sido objeto de amenazas, difamaciones, intimidaciones y violencia. Uno de ellos, José Tavico Tzunum, fue asesinado en junio de 2012. Además, por ser mujer y ser maya el ataque es mayor. “A mí me han llamado sicarios y me han amenazado con matarme, antes violarme y antes violar a mi hija frente a mí. La violencia es mayor por ser mujer”, confirma. “Incluso la policía te dice 'ustedes están buscando el ataque' cuando defiendes los derechos de las mujeres indígenas”, agrega.
La educadora ha llegado a acumular hasta 25 denuncias interpuestas por funcionarios, empresas y gobiernos; estuvo a punto de ir a la cárcel y en 2012 fue testigo de una manifestación en su contra sostenida por “gente vinculada con el poder militar”. “El poder nos tiene controladas, pero nosotras tenemos nuestras estrategias. Gracias a ello, desde hace años y no sin que el Estado me las haya querido retirar, dispongo de medidas cautelares obtenidas de la Comisión Iberoamericana de los DDHH”, explica. “Tengo miedo, pero no es mayor que la ilusión de vivir y pensar que gracias a nuestras luchas pueden vivir otras personas”, declara convencida.
Consultas populares que frenan a un Estado
El Consejo de Pueblos K'iche' que la activista preside impulsa consultas populares y acciones colectivas ante la amenaza de construcción de proyectos mineros, hidroeléctricos o de agroindustria en su comunidad. “Son consultas participativas, democráticas, asamblearias y pacíficas; y reconocen una ciudadanía plural, amplia y no como dice el Estado de Guatemala que una persona es ciudadana cuando cumple los 18 años. Para los pueblos es ciudadana desde que está en el vientre de la madre. Por eso, participan hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos”, explica. Ella misma ayudó a impulsar el 22 de octubre de 2012 la llamada consulta “de buena fe”, reconocida por el derecho internacional en Guatemala, en la que participaron más de 27.000 personas para decir “NO” a la extracción y explotación de empresas mineras e hidroeléctricas en su territorio. Sin embargo, el Estado no reconoce como vinculantes este tipo de consultas.
Asimismo, ¿cómo logra el pueblo indígena paralizar una obra cedida por el Gobierno de Guatemala? “Las empresas no saben qué significa entrar a un territorio en Guatemala, no conocen nuestra forma de vida. Cuando quieren entrar se topan con comunidades organizadas. El Estado amenaza con enviar al Ejército y el pueblo organizado, miles de personas, se prepara para pararlo. La organización comunitaria es clave”, defiende. “Es gente que no tiene miedo a pesar de que se arrasaron sus tierras. Tienen mucho valor”, reconoce orgullosa. “La comunidad internacional, como las Naciones Unidas, también vela por los derechos de los indígenas. Eso nos ayuda a paralizar al Estado”, añade.
Incursionar en política, un “desafío” para las mujeres indígenas
La participación política ha sido otro de los objetivos del CPK para proteger los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de las mujeres. “Las mujeres no somos consideradas sujetos políticos en Guatemala, no decidimos en ámbitos políticos y económicos. Por ello, decidimos unirnos a un partido de izquierdas y participar en política”, explica. “Incursionar en política es un derecho pero luego un desafío”, reflexiona. Además, según reconoce, en Guatemala “la Constitución está basada en leyes que vienen de Europa y son excluyentes para los pueblos”. El año pasado, Lolita Sánchez se presentó como candidata del distrito de El Quiché, aunque no logró la representación necesaria.
Ahora que está en Barcelona reconoce el ejemplo de la alcaldesa Ada Colau como “inspirador” porque demuestra que “es posible retomar luchas dentro de los Estados y generar cambios”. Aun así, advierte: “Las luchas de dentro y de fuera [de la institución] nunca deben desvincularse. Ella no debe olvidarse de sus orígenes, eso es lo que nos orienta en los pueblos, por eso somos pueblos originarios muy conectados con nuestras raíces. En Guatemala ya hemos visto a muchos que vienen de luchas sociales y, ya en las instituciones, son coptados”.
La activista guatemalteca considera que los pueblos indígenas sostienen un modelo de vida que, en realidad, es la mayor amenaza al paradigma capitalista de desarrollo económico ilimitado. “Estamos desafiando un modelo neoliberal de corto recorrido”, defiende. Este miércoles, a las 19 horas en el Born Centro Cultural de Barcelona, ofrecerá una conferencia ─junto a cargos del Ayuntamiento─ para dar a conocer “otros modelos alternativos de vida, de convivencia con el medio ambiente, frente a la agresión del sistema capitalista” e informar sobre “otros feminismos que surgen de las mujeres de los pueblos indígenas”. El “Buen Vivir” de los pueblos indígenas, de la cultura maya, es una inspiración para aquellos gobiernos que quieren anteponer a las personas por encima del capital y desarrollar modelos de vida más sostenibles. (Público)
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