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Un grupo de indígenas de Ecuador acudió al Consejo de la Judicatura en Quito para solicitar que se revise la actuación de los jueces que la semana pasada condenaron a dos miembros de la comunidad de Saraguro, en el sur del país, por participar en protestas violentas en agosto de 2015.
Junto con activistas de grupos sociales, los indígenas mantuvieron una reunión de diálogo con el director general del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, a quien entregaron un documento con las alegaciones sobre supuestas irregularidades cometidas durante el proceso.
Kathy Betancourt, dirigente del colectivo de la Mujer de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), indicó a Efe que la última condena a cuatro años de prisión a una mujer y un hombre de Saraguro fue "la gota que rebasó el vaso".
Según ella, los jueces Mercy Hurtado, Pablo Narváez y René Muñoz, del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Loja (sur), sentenciaron de manera injusta, a cuatro años, a Luisa Lozano y Amable Angamarca por interrumpir servicios públicos durante la protesta (corte de carreteras), cuando la pena máxima en esa causa es de solo tres años.
Los jueces, de acuerdo con Betancourt, escogieron la mayor pena y le sumaron un tercio adicional por presuntos "agravantes" que hasta ahora no han precisado.
Señaló que en otros casos de juicios contra manifestantes, en otras provincias, las penas no han superado el año de prisión, por lo que la imposición de la máxima pena aumentada a los dos miembros de Saraguro "sobrepasa todo".
La dirigente aseguró que esa actitud se debe a una supuesta "criminalización" de la protesta social en el país.
"No estamos siendo procesados por corrupción, por robo, por violaciones, sino por protestar", consideró la activista al señalar que la Conaie, la mayor organización indígena del país, exige el archivo de todos los procesos contra "luchadores sociales".
Uno de los abogados de los indígenas, Vicente Vivanco, señaló que en los procesos contra los campesinos de Saraguro se han cometido una "serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso".
De su lado, el director del Consejo de la Judicatura resaltó la actitud de diálogo de los representantes indígenas, con quien mantuvo una reunión que, por momentos, fue tensa.
Alvear recordó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para revisar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por los jueces en los diferentes casos que se procesan en el país, aunque remarcó que el organismo siempre está presto a atender las quejas formales respecto de las actuaciones administrativas de los operadores de justicia.
Reclamó a los abogados de los indígenas que presenten formalmente las quejas y las pruebas que las deben acompañar, para analizarlas y, en caso de ser admitidas como válidas, actuar conforme a la normativa interna.
"Estamos prestos a escuchar y a dialogar con ustedes para conocer en qué podríamos servirles desde el Consejo de la Judicatura", señaló Alvear.
Las protestas de agosto pasado fueron convocadas por grupos indígenas y sindicales contra un paquete de enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, permitía la reelección presidencial indefinida.
Asimismo, exigían la derogación o archivo de normativas que, según los manifestantes, afectaban al sector laboral, a los indígenas, campesinos y a la población en general, como las leyes de Agua, Tierra, unos decretos calificados por ellos como "antiobreros" y un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), entre otros.
El presidente del país, Rafael Correa, por su parte, criticó entonces la violencia de los manifestantes que dejaron más de un centenar de policías heridos.
"Claudicar ante eso sería retroceder décadas al país", aseguró en esa época el mandatario, que rechazó lo que llamó "secuestro" de un policía por parte de los manifestantes en la zona de Saraguro. (EFE)
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