La accidentada reanudación del juicio por genocidio a Ríos Montt

Si el primer juicio es un indicio, la nueva causa judicial por genocidio al exmandatario guatemalteco Efraín Ríos Montt no va a ser nada sino llena de obstáculos y sobresaltos. Y así empezó.

Este lunes, a las 8:30 am hora local, en Ciudad de Guatemala se esperaba dar comienzo a otro "juicio del siglo" contra el exmilitar.

Pero nada ocurrió como se esperaba. De entrada, los jueces del Tribunal B de Mayor Riesgo, encargado del juicio, decidieron -ante una sala repleta- aplazarlo por dos horas, para, según ellos, recibir el expediente original del caso.

Después debieron conminar al exgeneral Ríos Montt y darle una hora de plazo para que se presentara, luego de que la defensa argumentara que su estado de salud no le permitía desplazarse.

Cuando finalmente llegó -en ambulancia-, los jueces decidieron aceptar un amparo que los defensores del general habían presentado contra la juez Irma Valdés, presidenta del tribunal, por supuestamente tener ya una opinión formada sobre el caso.

De esa manera y luego de más de cinco horas de retraso, el tribunal decidió suspender el juicio mientras una sala de apelaciones decide si la juez puede continuar o no.

Los cargos

El juicio anterior fue similar. Empezó en enero, duró tres meses, dividió a la opinión pública guatemalteca, tuvo enorme resonancia internacional y finalizó con un fallo inédito: la condena contra Ríos Montt por genocidio.

Inédito porque era la primera vez en la historia que se hallaba culpable de genocidio a un exmandatario. Fue condenado a 80 años de prisión.

Si embargo, poco después de la sentencia, el 21 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad –máxima instancia de justicia guatemalteca– anuló el fallo por "errores de procedimiento" y ordenó que se realizara de nuevo el juicio.

Cuando el nuevo proceso judicial por fin empiece se escucharán las acusaciones que la mayoría de los guatemaltecos conocen al dedillo.

En ellas se indica que durante los 17 meses que Efraín Ríos Montt ocupó la presidencia de facto en Guatemala (de marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando fue derrocado), se presentaron algunos de los peores abusos contra la población en medio de la guerra civil que azotó al país durante décadas.

Efectivamente: la guerra civil guatemalteca fue una de las más largas y sangrientas de Centroamérica. Se desarrolló entre 1960 y 1996 y se considera que en ella murieron o desaparecieron alrededor de 200.000 personas.

Según un informe de Naciones Unidas publicado en 1999, el 90% de los crímenes fueron cometidos por fuerzas estatales o por grupos afines a ellas.

Los querellantes dicen que en el año y medio que Ríos Montt estuvo en el poder, al menos 15 matanzas fueron cometidas por el ejército en comunidades indígenas –en especial la Ixtil– en las cuales murieron 1.771 personas y 29.000 familias resultaron desplazadas.

Añaden que era una estrategia deliberada para exterminar a quienes veían como base simpatizante de las guerrillas.

Junto al exgeneral, de 88 años, también será juzgado de nuevo su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, quien resultó absuelto en el juicio inicial.

Genocidio

Como era de esperarse, el primer juicio reabrió heridas del pasado.

Incluso, algunos antiguos guerrilleros –como Gustavo Porras, exdirigente del Ejército Guerrillero de los Pobres y uno de los arquitectos del Proceso de Paz de 1996– creen que no se puede calificar de "genocidio" lo ocurrido durante la guerra civil.

"En estos 16 años desde la firma de la paz se había logrado un cierto ambiente de armonía. Eso se ha venido abajo con esta radicalización absurda", dijo entonces a BBC Mundo.

Esto, por supuesto, no es lo que cree la parte acusadora, de la que forma parte el abogado Edwin Canil, quien, cuando tenía 6 años, vio cómo toda su familia –de la etnia Ixtil– era asesinada por el ejército.

Luego de ver centenares de folios con pruebas y de escuchar decenas de testimonios, a Canil no le queda ninguna duda de que hubo genocidio.

"Hay documentos que muestran que, para el Estado, los indígenas eran peligrosos".

Es de esperarse que esta discusión se vuelva a agitar durante el tiempo que dure el nuevo proceso.

Demora

Por lo pronto, esta nueva etapa empezó igual de accidentada que la anterior.

En lo que la parte acusadora consideró "tácticas dilatorias", los abogados de Ríos Montt presentaron un certificado médico que indicaba que no podía desplazarse por problemas de salud. Cuando fue obligado a asistir al tribunal, lo hizo en ambulancia y acarreado en una camilla.

Además la defensa había pedido, a finales de diciembre, que se separe del tribunal a su presidente, la jueza Irma Vélez, señalando que en una tesis académica elaborada hace varios años emitió una opinión sobre lo ocurrido en el país a principios de lo 80, calificándolo de "genocidio".

Según los querellantes, estas "tácticas dilatorias" sólo lograrán que el debate se posponga entre 48 y 72 horas.

Si eso es cierto y la sala de apelaciones decide en ese plazo si la juez Irma Valdés puede continuar, significa que esta semana comenzará en Guatemala un juicio que promete poner de nuevo en vilo a su sociedad, reabrir algunas heridas y quizás cerrar otras. (BBC)