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Siete años pasaron desde que 45 familias del pueblo Tacana del departamento de Pando fueron desalojadas de su territorio violentamente por la Policía y este viernes regresarán a su comunidad La Selva porque la justicia les dio la razón y falló a su favor por el recurso de acción popular que presentaron sobre su asentamiento en ese lugar, desde sus ancestros.
En 2009, la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT) de Pando ordenó el desalojo de los indígenas, alegando que el lugar donde se ubicaban era parte de una concesión de la empresa maderera Mabet.
“Nos quemaron nuestras viviendas, nuestro chacos, nos gasificaron, golpearon a nuestro hijos y abuelos y todo para expulsarnos de nuestro territorio. Hoy volveremos con las manos vacías a nuestro pueblo, pedimos ayuda a las autoridades para iniciar de nuevo con nuestras vidas”, declaró a Erbol la principal representante de La Selva, Cleider Loras.
Los indígenas de La Selva se dedicaban a la recolección de castaña, la pesca y el cultivo de productos agrícolas, entre otras actividades para subsistir, antes de ser desalojados. Loras contó que durante el tiempo que estuvieron fuera de su comunidad se dedicaron a trabajar como mototaxistas, albañiles, algunas veces en empresas de castaña e incluso en la minería, tanto mujeres como hombres.
“Trabajamos quebrando almendras, otros compañeros buscaron motos para ser taxistas, motos ajenas para pagar tarifas (dinero), por lo menos para qué comer y otro poco a la minería (se dedicó), ese es el trabajo que se hacía acá en Riberalta y otro poco en Guayará”, señaló.
“Hay hermanos que hasta ahorita están alquilando cuartos, deben (del alquiler de) sus cuartos de seis meses, cinco meses, por bendición de Dios no nos han sacado también de las casas y así hemos estado alojados donde los parientes, así hemos sobrevivido estos siete años”, indicó.
Reasentamiento
El secretario de Tierra y Territorio de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), Humberto Navia, informó a este medio que 49 familias tacanas serán reubicadas este viernes en la comunidad La Selva.
Dijo que cuentan con una Resolución Administrativa de Autorización de Asentamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Indicó que los afectados se reunirán en Riberalta, para de ahí partir mañana, con destino a La Selva, donde se hará un acto con la presencia de representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la Defensoría del Pueblo de Pando, entre otros.
“Son 49 familias que van a volver nuevamente a su territorio (…) han pasado siete años y la gente ha estado esperando y de acuerdo al juicio que hemos tenido, hemos estado siempre reuniéndonos cada vez con autoridades del INRA y todos los actores principales para consolidar esta comunidad. Algunos compañeros estaban en Cobija, otros en Riberalta buscando de qué trabajar para sustentar a sus familias”, afirmó el dirigente indígena.
Fallo del TCP
La Defensoría del Pueblo de Pando fue una de las instituciones que hizo seguimiento a este caso. La responsable de esa institución, Silvia Suárez, explicó que la empresa maderera Mabet renunció a una parte de su concesión, que según los indígenas, se sobreponía a su territorio.
“La empresa Mabet ha renunciado a parte de su concesión, esa renuncia fue presentada a la ABT y la ABT ha hecho un reporte de esa parte para declarar primero como tierra fiscal disponible y posteriormente hacer todos los trámites ante el INRA para poder tener su título (de propiedad los indígenas)”, señaló a Erbol.
Dijo que el trámite del título propietario de la comunidad aún está en proceso. Luego de que los indígenas fueron echados de su pueblo, la CIPOAP presentó un recurso de acción popular ante el Tribunal de Justicia de Pando, que terminó rechazando la solicitud.
Los indígenas no se dieron por vencido y llevaron su caso a Sucre. En 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia 014/2013 que establece dejar sin efecto la Resolución 214/2009 de la ABT sobre el desalojo de los tacanas y recién este año se aplicará.
“(La sentencia) establece que el INRA y la ABT deben tomar en cuenta (el fallo) del Tribunal Constitucional, en la parte que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas en el tratamiento de las peticiones o solicitudes (…) los indígenas van a volver a su comunidad, sin embargo, van a volver a un área que ya no cuenta con sus casas, con sus chacos, todo fue quemados y avasallado en 2009”, finalizó Suárez.
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