Acusan a asambleísta chiquitano de malversación

El asambleísta departamental del pueblo Chiquitano de Santa Cruz, Pedro Damián Dorado, es acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y malversación de fondos, que habría durante su gestión como alcalde por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio de San Miguel de Velasco.  

El concejal de esa jurisdicción, Dayan Middagh, del Movimiento Demócrata Social (MDS), denunció que durante la gestión de la exautoridad no se concluyeron aulas para un establecimiento educativo en la comunidad Santa Rosita de Lomerío.

Middagh señaló que la Gobernación cruceña aportó Bs83.000 para la obra que costaba Bs251.452 y aseguró que no se ejecutó.

“Él tiene que responder por las aulas que faltan por concluir en la comunidad Santa Rosita, aunque él sigue gritando por todos los medios sobre la regalía, el gobernador (Rubén Costas) no trabaja con los corruptos”, señaló a radio Alternativa de la Red Erbol.

Por su parte, Dorado dijo a Erbol que el dinero se utilizó para la construcción de dos de tres aulas. Explicó que el tercero no se ejecutó y que al concluir su gestión fue licitada para su construcción. 

Asimismo, señaló que la denuncia en su contra es una represalia impulsada desde la Gobernación porque demandó la redistribución de las regalías.

“Los 83.725 bolivianos que nos desembolsaron prácticamente han sido ejecutados en un 100%, el convenio todavía sigue vigente (…) obviamente después de la movilización ya pensábamos que iban a salir con esta arremetida, es la desesperación del Gobernador porque hemos puesto al descubierto su gestión fraudulenta”, aseveró.

El grupo de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) de Justo Seoane, protagonizó en septiembre una marcha demandando la posesión de Dorado como asambleísta indígena en lugar de Emigio Poiché. También se movilizó por la redistribución de las regalías y la modificación de estatuto autonómico, que se encuentra en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).      

Las demandas de este sector no fueron atendidas porque supuestamente respondía a intereses del MAS. La vigilia de más de 30 días fue levantada y los chiquitanos retornaron a sus comunidades porque el gobernador Rubén Costas fue convocado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser interpelado sobre la movilización de los indígenas.