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Ana Paola García Villagomez/Radio Alternativa/Santa Cruz
El Decreto Supremo 2145 que reglamenta la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, establece que los municipios deben destinar un 30% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), destinados a seguridad ciudadana, para la lucha contra la violencia hacia las mujeres; sin embargo desde la Alianza Libres sin Violencia, aseguran que los presupuestos de los municipios para este tema no son públicos y que su manejo no es transparente.
La Alianza Libres sin Violencia, es una iniciativa interinstitucional conformada por organizaciones de la sociedad civil que lucha por los derechos de las mujeres bolivianas, la misma viene levantando una línea de base sobre el estado de los presupuestos sensibles al género en diferentes municipios de todo el país y se ha podido establecer que aún están trabajando con los presupuestos del año 2014 pero no con los reformulados del 2015, a pesar de que la Ley de transparencia exige que estos sean públicos.
Ante esta situación, María Fernanda Antuña, Representante de la Alianza Libres sin Violencia, manifestó que las instituciones y organizaciones de mujeres deberían participar en la elaboración de los presupuestos municipales para garantizar que los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) funcionen de manera efectiva y eficiente, con el personal e infraestructura adecuada.
“Es importantísima la participación ciudadana, porque nosotras nos convertimos en co-rresponsables y co-ejecutoras en nuestros municipios en la lucha contra la violencia (…) es importante que todas las mujeres nos pongamos la camiseta y luchemos por todos los temas que son importantes para nosotras, porque en los municipios las autoridades se preocupan más por las canchas de césped sintético y el cemento, pero no se consideran las necesidades reales de las mujeres”, denunció la activista.
Por su lado, Wilma Ayala, integrante de la Plataforma de Lucha Contra la Violencia, manifestó que exigirán al concejo municipal de Santa Cruz de la Sierra y a los asambleístas departamentales, que elaboren un nuevo Plan Operativo Anual que responda a las necesidades de las mujeres.
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