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Antonio Céspedes, abogado del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEMP), aseguró al Erbol que existen claros indicios de relación de amistad entre un personero de la empresa Jumampi S.A. y el exviceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado, situación que posibilitó la firma del contrato con la brasileña D’Andrea Agrimport para la implementación de Papelbol.
“Hay una empresa que está vinculada a la empresa D’Andrea Agrimport, es una empresa boliviana llamada Jumampi cuyo socio principal está siendo investigado, se presume que esta persona tenga algún grado de amistad o afinidad con el que fuera viceministro de Industrias, Eduardo Peinado”, sostuvo el jurista.
La empresa Jumampi S.A. tenía la representación exclusiva de la empresa D’Andrea Agrimport dedicada a la importación, exportación y comercio de maquinarias y que fue adjudicada para la implementación y montaje, por contratación directa, de Papelbol.
Según los datos de la investigación, la relación de laboral, afinidad o de amistad se presume entre Eduardo Peinado Terán, padre del exviceministro quien fue funcionario de EMBOL y presidente del directorio de la Cámara Nacional de Industria, relacionado con Mario Benjamín Taborga Claros, también funcionario de EMBOL y Director Alterno de la Cámara Nacional de Industrias, hijo de Jorge Edmundo Taborga Cabezas, socio accionista de la empresa Jumampi S.A., a quienes se les atribuye la participación como instigadores y cómplices de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y otros.
Según la denuncia presentada por el SEDEMP, Peinado habría incurrido en presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Céspedes señaló que en la audiencia de medidas cautelares se determinó para Eduardo Peinado la detención domiciliaria y medidas sustitutivas como el arraigo y la fianza.
De acuerdo a las auditorías realizadas, se trataría de un daño económico al Estado de unos siete millones de dólares.
“Todavía no se ha podido tener un dato, se está haciendo un peritaje y seguramente vendrán algunas auditorias procesales que estimen ese daño, pero de acuerdo con la empresa PricewaterhouseCoopers, hay un daño que estaría bordeando los siete millones de dólares”, apuntó.
Indicó que existen cerca de 10 personas involucradas en el caso, producto de las investigaciones realizadas.
“Estamos en el proceso investigativo donde se están recibiendo las declaraciones de personas que puedan testificar sobre esto (…) por lo menos hay 10 personas que han prestado sus declaraciones informativas entre testigos y personas que están en calidad de denunciantes y querellantes”, dijo.
Breve historia del caso
La empresa pública Papelbol se creó durante la gestión de Eduardo Peinado Rivero, en el Viceministerio de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.
Entre el 28 y 29 de noviembre de 2007, el Gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, aprobó el documento base de contratación y autorizó el inicio y prosecución del proceso de contratación directa por excepción de Maquinaria y Equipos destinados a la fábrica de papel.
De forma rápida, el 6 de diciembre de 2007 el Comité de Contratación, conformado por los servidores públicos Ramiro Rodrigo Bracamonte y Germán Sainz Salvatierra, recomendaron la contratación de la única empresa evaluada D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda. Se cristalizó la adjudicación a la empresa señalada al día siguiente, 7 de diciembre de 2007, mediante resolución administrativa No 005/2007.
Un mes después, el 7 de enero de 2008, el Gerente de Papelbol y el representante legal de la empresa brasileña, Roberto Falascina, suscribieron el contrato administrativo que consideraba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día.
El contrato fijó un plazo de 14 meses calendario para la instalación y funcionamiento de la fábrica. Es decir que la empresa debería haber comenzado a funcionar el 7 de marzo de 2009, hace tres años.
El monto fijado fue de 13.571.010 dólares y a la fecha prácticamente están perdidos porque la maquinaria entregada por la empresa brasileña no funciona y se tiene certeza si es nueva o reciclada.
Según los papeles a los que tuvo acceso Erbol Digital, la fecha en que se firmó el contrato no se contaba con la infraestructura necesaria previa en Villa Tunari (galpones, tanques, almacenes, vías internas, talleres).
“No había ni servicios complementarios (electricidad, agua, gas, abastecimientos, plan de manejo ambiental). Además, la empresa D’Andrea Agrimport se dedicaba a la importación, exportación y comercio de máquinas agrícolas e industriales no teniendo especificado el rubro de instalación y montaje de máquinas para la fábrica de papel”, señalan los papeles oficiales referidos a Papelbol.
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