Petroleros molestos con COB por avalar despidos estatales

“Inteligente eufemismo”.  Así califica la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia al término “restructuración”, incorporado en el Decreto Supremo 3770 del 9 de enero de 2019 que deroga el artículo 2 del DS del 9 de marzo de 1937, prohibiendo el despido por rebaja de sueldos solo en el sector privado y no así en las empresas estatales. 

Por ese motivo el 15 de enero envió una carta al ejecutivo Juan Carlos Huarachi, expresando su sorpresa y preocupación porque la COB hubiese permitido violar la Ley 045 que, siguiendo el mandato de la Constitución Política del Estado, prohíbe “la odiosa discriminación en el país”.

La molestia surge porque en la disposición final segunda del decreto 3770 que fue parte de los acuerdos COB-Gobierno, dice que la prohibición no se aplicará a las empresas estatales, en caso que las mismas deban realizar un proceso de restructuración.

Internamente en la Federación de Petroleros concluyó que el término “reestructuración” es comparable al término “relocalización”, porque el decreto 3770 respalda legalmente “extremos y abusos de poder exclusivamente de parte de las autoridades ejecutivas de las empresas públicas”.

Tras recibir la carta, la COB gestionó una reunión entre el sector petrolero y el gobierno con el encargo de enmendar el error y que el presidente Evo Morales emita un nuevo decreto que otorgue “tratamiento igualitario para todos los trabajadores del país, evitando la actual e ilegal discriminación en contra de los trabajadores de las empresas públicas”, dice la carta oficial. 

Este  malestar obligó a una reunión el pasado 23 de enero entre el ministro de Gobierno Carlos Romero, la COD-Santa Cruz, Confederación de Trabajadores de Luz-Fuerza, Telecomunicación, Aguas y Gas de Bolivia, y Petroleros, en la que acordaron realizar ajustes al Decreto 3770 sin anular la palabra ”reestructuración” en las empresas públicas.

Aclararon que “se entiende por proceso de reestructuración a la modificación de la estructura organización de la empresa”. Sin embargo se ratifica que “para la procedencia y/o aplicación, se requerirá de los informes técnicos y legales de las unidades administrativas, jurídicas y de recursos humanos de las mismas empresas estatales  que respalden el mérito y conveniencia de la necesidad y oportunidad de reestructurarse”. 

El documento incorpora al rango de prohibición el “traslado del trabajo a un puesto de trabajo inferior, alteración del horario de trabajo sin cumplir la Ley General del Trabajo, traslado del trabajo a jurisdicción distinta de su residencia principal o falta de pago de salario”. 

Empero este documento no dejó del todo satisfecho porque las puertas para un despido en las empresas estatales siguen abiertas y no responde al principio de garantía de estabilidad laboral. Para que este acuerdo suscrito entre el ministro Romero y los sindicatos de luz y fuerza tenga validez y se traduzca en un decreto supremo complementario al DS 3770, el presidente Evo Morales también debe suscribirlo e instruir los ajustes firmados; algo que está pendiente.