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La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras un largo debate en el que participaron delegados de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), del Ministerio de Trabajo y de la Central Obrera Boliviana (COB), estableció que el sector privado boliviano ha sido excluido por el gobierno de las consultas exhaustivas y en igualdad de condiciones, del proceso de fijación de salarios mínimos nacionales, establecido en el Convenio 131.
“Tomando en consideración las informaciones presentadas por el Gobierno y la discusión que tuvo lugar, se insta al Gobierno a que proceda sin demora a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas sobre la fijación de salarios mínimos”, dice la resolución.
La Comisión también solicitó al Estado tener en cuenta, al determinar el nivel de salario mínimo, las necesidades de los trabajadores y de sus familias (requerimientos del desarrollo económico, niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo). Además, recurrir a la asistencia técnica de la OIT para garantizar sin demora el cumplimiento del Convenio en la legislación y en la práctica, y aceptar una misión de contactos directos de la OIT.
La entidad internacional pidió a las autoridades bolivianas que, “antes del 1° de septiembre de 2018, envíe a la Comisión de Expertos una memoria detallada sobre los progresos realizados en la aplicación de estas recomendaciones”.
La Comisión consideró que “el Gobierno tiene la obligación de crear y mantener condiciones que permitan consultas exhaustivas y la participación directa de la mayoría de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todas las circunstancias, por lo cual insta al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para garantizar que la exigencia de consultas exhaustivas, se aplique, preferentemente de una manera bien definida, de común acuerdo e institucionalizada”.
Al respecto, el presidente de la CEPB Ronald Nostas, al recordar que la demanda fue decidida por una Asamblea del sector y refrendada por el Congreso Empresarial de Santa Cruz, señaló que la decisión de la OIT confirma una vez más que el gobierno está incumpliendo el Acuerdo 131, ratificado por nuestro Estado.
“La consulta exhaustiva o diálogo tripartito no es un capricho ni un deseo de los empresarios, sino un derecho, una necesidad y una obligación para el gobierno, porque es inaceptable, injusto e irracional que los aumentos se apliquen de manera arbitraria, abusiva y sin que los sujetos afectados sean escuchados”, señaló Nostas.
Aclaró que esta decisión no implica que el sector pedirá la nulidad de los incrementos, porque en ningún momento se pretende afectar a los trabajadores que se han beneficiado con los aumentos.
“Lo que exigimos es que el gobierno reconduzca la política de incrementos salariales, y adopte sin demoras el incumplimiento del Acuerdo 131 cuya omisión afecta cada vez más al sector empresarial privado”, dijo.
En la plenaria participaron representantes de 12 países, entre ellos Paraguay, Uruguay, Egipto, Ecuador, India, Honduras, Bangladesh y México, quienes intervinieron en la discusión y la mayoría recordó la obligatoriedad del cumplimiento del Acuerdo 131 y apoyó la demanda de los empresarios bolivianos de ser incluidos en el diálogo. El Ministerio de Trabajo y la COB participaron en varios momentos, pero “no pudieron rebatir los argumentos de la delegación de la CEPB”.
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