Economía
¿Villegas tiene más fuerza que el ministro Sosa?
Jubileo: YPFB requiere eficiencia y más transparencia
Foto ilustrativa. Internet.

Lun, 19/08/2013 - 16:52

Por Rolando Carvajal

El “bloque Azero”, con 130 millones de dólares a invertir entre YPFB, la rusa Gazprom y la francesa Total, puede convertirse en otro megacampo  como “Margarita”, actualmente el tercero más grande del país, después de “San Antonio” y “San Alberto”.

La previsión corresponde  a Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, porque la marcha de la estatal petrolera boliviana no es de las mejores especialmente en eficiencia  y en transparencia para la información pública, alertaron varios especialistas del taller sobre Periodismo e  Industrias Extractivas que organizó Jubileo en Cochabamba; mientras en La Paz el gobierno celebraba por separado la exploración del bloque Azero, sin mencionar los futuros conflictos entre Santa Cruz y Chuquisaca por este reservorio y los problemas con los indígenas por la consulta previa y los aspectos medioambientales.

La reciente escasez de gas en garrafas por casi tres meses, que se prolongó para el sector gastronómico incuso hasta la primera quincena de agosto, sólo es parte de un contexto de sobre-intensificada monetización de las reservas hidrocarburíferas, sin reposición de las mismas que, al ritmo de extracción actual, sólo durarán hasta el 2020, coincidió Célica Hernández, otra analista de Jubileo.

Fernando Patzi, especialista de origen boliviano que trabaja en el instituto privado Revenue Watch, llamó la atención sobre el descuido en la gestión de la renta petrolera, emergente de la bonanza de precios más que de la eficacia gerencial o la “nacionalización” del sector desde el 2006.

“¿Cuánto se está ahorrando para las generaciones futuras, la diversificación económica o la creación de un fondo soberano?” cuestionó Patzi en el taller auspiciado también por la Pontifica Universidad Católica del Perú.

“La separación de líquidos en las futuras plantas de Río Grande y Gran Chaco  no es industrialización, sino eso: separación”, dijo Célica Hernández al referir que la baja en las reservas (actualmente certificadas en casi 9.94 TCF-trillones de pies cúbicos, eran 28.7 el 2003) se debió a que las transnacionales se quedaron en el país sólo a recuperar sus inversiones, teniendo en cuenta que “a 31 dólares el barril” el negocio del petróleo ya no es tal en Bolivia, pese a recientes incentivos de crédito fiscal no transable y mayores precios, publicitados para que las operadoras inviertan en exploración.

Los contrastes no incluyen los escándalos y daños por corrupción, que afectaron al menos en dos grandes ocasiones a YPFB, el último de ellos protagonizado el 2012 por el entonces gerente de las Separadoras, Gerson Rojas, quien tan sólo en junio pasado pidió investigar al principal ejecutivo de la Corporación, Carlos Villegas.

“El responsable del proceso de contratación de la empresa que se adjudicó la Separadora es Carlos Villegas”, lo mismo que el gerente de Administración que elaboró el   documento base de contratación, Edwin Aldunate, y  director Jurídico que elaboró el contrato, Marcelo Canseco”, dijo Rojas.

Frustraciones

En esta actividad particularmente, de 98 áreas concedidas, “sólo en 46” YPFB tiene avances, sostuvo Raúl Velásquez al recordar el virtual fracaso de Petroandina  (consorcio con PDVSA) en el norte amazónico boliviano, que registra una mínima inversión venezolana, sin contraparte boliviana en desembolsos sustanciales y sin perspectivas de tender el necesario ducto de transportación  desde las cuatro mejores áreas que posee el país, concedidas al consorcio.

“YPFB aún no cuenta con capacidad técnica y financiera para la explotación y exploración, por sí misma, en las áreas reservadas”, dijo en torno a los contratos petroleros, en un sistema donde tampoco el sistema fiscal promueve la inversión.

A ello se agrega otra frustración: la del proyecto GTL (gas to liquid, en inglés) con la desaparecida empresa GTLI, que devolvió cuatro áreas,  ligada al abandono de Jindal Steel en los yacimientos de hierro del Mutún.

El futuro con Brasil, por otra parte, no parece tender a mejores precios, acomodándose al indicador “Henry Hub”, más bajos que la combinación actual,  pese a que el gasoducto ya está “pagado”.

En general la bonanza no ha servido para transferir recursos que desarrollen   sustancialmente  otros sectores de la economía nacional. Como en el caso de Tarija, “con los beneficios del IDH-impuesto directo a los hidrocarburos ¿han mejorado decisivamente los departamentos productores?”, se preguntó.

¿En qué se gasta los recursos YPFB?, cuestionó también Velásquez recordando los 3.049 millones de dólares que en Participaciones percibió la estatal del gas –muy aparte del IDH y de Regalías que recauda el Estado– de una renta hidrocarburífera de 16.745  millones entre el 2007 y el 2011, y que sobrepasará los 22.000 millones de dólares el 2013, según el anticipo oficial.

¿Cómo mejorar su eficiencia?, planteó su colega Célica Hernández aludiendo a tres metas pendientes: adecuada organización institucional del sector, innovación tecnológica y optimización de los procesos operativos.

Lo peor: rendición de cuentas

Por si fuera poco, “en Bolivia no hay una estructura efectiva, sincera, transparente, de rendición de cuentas”, dijo asimismo Fernando Patzi. “Hay serios problemas de información para la fiscalización”, agregó Hernández.

“YPFB no publica información de transparencia”, reparó Raúl Velásquez.  

Su último balance publicado en  ypfb.gob.bo –si acaso está disponible la página en internet– corresponde al 2009; los datos sobre costos recuperables formulados por las operadoras son parciales, desactualizados y no incluyen los desembolsos por costos efectivamente recuperados por ellas; “¿puede fiscalizarse a sí misma la estatal por el pago de estos gastos?”, cuestionó el analista.

Se advirtió en el encuentro que no sólo el propio poder Ejecutivo informa de manera idónea, sino que ni siquiera las Fuerzas Armadas, la Policía, ni los pueblos indígenas rinden cuentas de los recursos que perciben por la renta de hidrocarburos al Parlamento,  a la fiscalizo a otras autoridades, menos a la prensa.

Por la Ley 3740 Yacimientos está obligada a publicar semestralmente estas cifras de beneficios por la actividad de hidrocarburos, “pero no lo hace”, enfatizó Velásquez. Se da la misma carencia con la información de los Anexos D, F y G, de los contratos de operación con las transnacionales, que debe efectuarse al menos por cada campo, sino por operadora.

Durante las poco esclarecedoras “rendiciones de cuentas”, algunas de ellas en el denominado “Palacio de Telecomunicaciones”,  los asistentes representantes de los movimientos sociales se limitan a emular de cierta forma a los parlamentarios de mayoría que levantan las manos sin mayor conocimiento técnico y sólo por consigna, confirmaron los analistas advirtiendo también sobre el escaso control social que realizan.

A lo que se agrega los riesgos que implica la nueva ley de acceso a información pública, cuyas excepciones en materia de recursos naturales o competitividad de las empresa, más bien parecen plantear  trabas legales para alcanzar datos,  cifras y estados sobre el comportamiento de las instituciones estatales y la gestión de sus altos funcionarios.    

Demandas concretas de transparencia

Por lo pronto, existe vacío oficial sobre los siguientes puntos:

¿Dónde se ubican los contratos de operación y áreas reservadas para YPFB?

¿Existe sobre posición de áreas con contrato o reservadas para YPFB con parques nacionales?

¿Se consulta a las poblaciones de forma previa a la determinación de un área hidrocarburífera?

¿Cuántos contratos de Servicio ya se han firmado? ¿Con quiénes? ¿Cuál el criterio de selección?

¿El incremento de producción que se pretende alcanzar considera éxitos exploratorios o es una explotación más acelerada de pozos existentes?

¿En qué esta YPFB invirtiendo su participación en las utilidades de los Contratos de Operación?

¿Cuáles son los resultados financieros de YPFB Corporación?

¿Puede ayudar al control social y a generar mayor nivel de conciencia sobre la necesidad de acceso a la información?

¿Por qué no se está dando cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley  Nº 3740?

¿La rendición pública de cuentas es clara?

¿Los asistentes conocen los aspectos técnicos que ahí  se mencionan?

Política energética nacional

Lo que falta es, según la propuesta de Jubileo, una Política Energética Nacional como base para general desarrollo económico  superando con eficiencia  taras de la empresa y del sector tales como su burocratización y desorganización institucional, donde  hay “roles definidos pero que en realidad no se cumplen” como en el caso del Ministerio de Energía o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que en los hechos parecen dependientes del presidente de YPFB y no a la inversa.

“Carlos Villegas, su presidente, tiene más fuerza que el propio ministro Sosa”, “La ANH no tiene ni la capacidad técnica ni personal para fiscalizar; debe asumir su rol como ente fiscalizador”. “Ha triplicado su personal, pero sigue haciendo lo mismo”, fueron algunas de las aseveraciones efectuadas en el taller. “Las gasolineras de YPFB no tiene permisos incluso ambientales, se consideran por sobre la ANH, no quieren cumplir con la norma”. “YPFB se niega a ser fiscalizada, los resultados son simples parches”, dijeron los especialistas. 

El objetivo principal de cualquier empresa petrolera es tener la capacidad para explorar, desarrollar y producir hidrocarburos de manera eficiente a fin de maximizar el valor presente neto. ¿Y qué pasa con YPFB?: detenta roles simultáneos de operador y fiscalizador en el  upstream (exploración y explotación);  es juez y parte de varios procesos: por ejemplo regalías, quema, inyección y contratos petroleros. 

¿Va a cumplir un rol social, de generador de bonos y pagador de subsidios,  o se va a convertir en una corporación seria, competitiva? fue otra de las interrogantes.

El debate pendiente sobre el sector gira alrededor de la nueva ley de hidrocarburos, pero también sobre el contenido de los contratos petroleros. Para los analistas no resulta claro por qué la estatal  mantiene los contratos deficientes, cuando podría rescindirlos.

El futuro Pacto Fiscal (emergente del Censo de población) sobre generación de recursos, su captación, distribución y utilización, más la gestión pública de los mismos, “es el espacio adecuado para debatir entre gobierno y sociedad civil qué tipo de desarrollo queremos para el país”, planteó la Fundación de la Iglesia Católica.

En cuanto a los desafíos, urge la Implementación de proyectos factibles de industrialización, la definición de mercados y la negociación de precios, además del pendiente  cambio de matriz energética y la concreción de políticas de transparencia y control social que garanticen el acceso a información del sector.


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