Intentan revertir virtual fracaso en exploración
Rolando Carvajal
En puertas de su III Congreso internacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se esmera en llegar con cifras de impacto en exploración de nuevos campos y reservas adicionales, levemente aumentadas hace sólo días en 1.3 TCF (trillones de metros cúbicos/día) –pero no certificadas aún, y suficientes oficialmente sólo hasta el 2020–, pretendiendo revertir el virtual fracaso de prospección hidrocarburífera en siete años del Estado Plurinacional.
“Del 2006 al 2010 se invirtió un promedio de 58,6 millones de dólares por año en exploración: es irrisorio”, alertó hace sólo cinco meses el director de Hidrocarburos.com, Bernardo Prado, mientras que el experto Carlos Miranda, lamentó en abril el registro negativo de “ocho años sin ninguna actividad exploratoria”.
Esta semana, el analista de la Fundación Jubileo de la Iglesia Católica, Raúl Velázquez, corroboró los retrasos “en el inicio de una actividad exploratoria más agresiva”, previniendo que la perforación de sólo 14 pozos exploratorios, anunciada por YPFB para este año, parece “insuficiente”.
No obstante la publicitada inversión exploratoria de 2.050 millones de dólares que YPFB prevé hasta el 2016, Velázquez advirtió que para esta gestión del total de la inversión, unos $us2.242 millones, solamente el 13 por ciento está siendo destinado a actividades de exploración.
Datos presentados a los movimientos sociales en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Perspectivas 2012, consignaron que del 2011 al 2012, la estatal de hidrocarburos redujo de 351 a 232 millones de dólares el presupuesto asignado a exploración.
En contraposición, desde marzo pasado, el gobierno intensificó vía exportaciones la monetización acelerada de las reservas petroleras, mayormente descubiertas en la denominada etapa neoliberal, según recordaron otros expertos.
Sin ser sustancialmente incrementados, los reservorios actualmente sobreexplotados han sustentado la bonanza de los ingresos y el gasto estatal de los últimos siete años en que la renta petrolera superó en el periodo 2006-2012 los 16.770 millones de dólares, de acuerdo a cifras del presidente Evo Morales a enero pasado ($us16.745 millones, según Yacimientos, al 1 de mayo pasado).
Si bien la estatal petrolera se ha constituido en la principal inversora nacional, con casi 2.243 millones de dólares anunciados para este 2013, es asimismo la mayor empresa no ejecutora de su programación presupuestaria, pues el año pasado gastó únicamente 1.593 millones de los 2.050 programados el 2012, cerrando gestión con la no desdeñable cifra de 457 millones sin ejecutar, parte significativa de ellos en desmedro de nuevos pozos exploratorios, y prefiriendo los de explotación a fin de exportar más gas a Argentina y Brasil.
Entre el 2010 y el 2012, la estatal petrolera acumuló en sus montos sin invertir una suma superior a los 1.600 millones, resultado de los saldos no ejecutados en ese lapso, como muestra el cuadro adjunto a este reporte.
A siete años de la llamada nacionalización de los hidrocarburos, que diferentes sectores críticos califican como una simple modificación o renegociación de contratos con las petroleras, “los logros en descubrimientos de nuevas reservas de petróleo y gas natural son muy aislados y de poca magnitud”, observó el especialista Álvaro Ríos.
“Pequeños aumentos de reservas, como en Río Grande y en la zona del Chapare, no llegan ni a medio TCF descubiertos en los últimos siete años… Yacimientos se ha dedicado a monetizar y a utilizar reservas de petróleo y gas que fueron descubiertas hace más de una década. La producción de hidrocarburos de YPFB Corporación no existe. Hay producción de YPFB Chaco y de YPFB Andina que son de reservas descubiertas mucho tiempo atrás”, agregó Ríos.
“Estamos viviendo de reservas de petróleo y gas políticamente prestadas. Fueron descubiertas cuando éramos República neoliberal. Ahora somos un Estado Plurinacional, socialista andino, que vive una bonanza gracias a los precios del gas y las reservas descubiertas por las empresas contratistas en YPFB hace 10 años”, confirmó también en abril Carlos Miranda.
Recordó que la estatal petrolera trató el último año, sin éxito, de atraer inversiones nuevas para exploración, porque la ley no es la apropiada, las áreas ofrecidas son territorios nuevos no tradicionales y porque las formas y medios que se utilizaron “no eran los correctos”.
“Parece que se dieron cuenta de la falta de reservas y han resuelto incrementar los fondos exploratorios con dineros del estado. Uso riesgoso. Para ese fin se consigue socios”, reconvino Miranda en referencia al triángulo capital-tecnología-gerencia.
“Como se explicó, dinero no es todo. Debe ir acompañado de buen gerenciamiento y conocimientos tecnológicos. Esto último es lo más importante. Los 8 años pasados han sido perdidos”, dijo.
Jubileo: así estamos
¿Cómo se explica la intensificada sobre explotación de los campos frente a la reducción de las reservas, y la política estatal que ha optado por la monetización acelerada de las mismas?, preguntó este reportero al analista Raúl Velázquez, de la Fundación Jubileo
“Una primera explicación es que el contrato con Brasil permite a ese país demandar hasta 31 MMmcd (millones de pies cúbicos/día) y el contrato con Argentina establece para el 2013 una demanda de hasta 15,9 MMmcd; como se ha visto en los últimos años la demanda del mercado interno bordea los 10 MMmcd. Adicionalmente en agosto de 2012 Bolivia y Argentina suscriben un nuevo contrato bajo la modalidad interrumpible para la provisión de gas natural”, respondió.
Estos aspectos, agregó, permiten concluir que se trata de compromisos contractuales de comercialización que deben ser cumplidos por lo que era necesario contar con mayor producción. Este incremento puede ser alcanzado ya sea por:
a) descubrimiento de nuevas reservas producto de actividad exploratoria o,
b) resultado de una recuperación más acelerada de las reservas ya existentes.
En el caso boliviano al parecer se ha optado por la segunda opción dado el retraso en el inicio de una actividad exploratoria más agresiva: sin duda de por medio están problemas serios como la falta de una nueva ley de hidrocarburos que de seguridad jurídica a posibles inversionistas.
¿Cuál es el cuadro de situación de las reservas y de las actividades de exploración (pozos exploratorios de gas y crudo, campos explorados y convenios suscritos, etc.) en los últimos años hasta el 2012 o el primer trimestre del 2013?, se insistió:
Una primera necesidad es la urgente certificación de reservas –añadió Velázquez–, actividad que debería haberse hecho anualmente en cumplimiento a lo establecido en la Ley 3740, pero que lamentablemente no se ha cumplido; la última certificación de reservas corresponde al 1º de enero de 2010”.
“Un segundo aspecto es que la perforación de solo 14 pozos exploratorios parece insuficiente ante el gran desafío que tiene Bolivia como centro energético regional; y finalmente en el presupuesto de inversiones recientemente presentado por YPFB se muestra que si bien la misma llega a un nivel histórico de 2.242 Millones de USD, solamente el 13 por ciento está siendo destinado a actividades de exploración”, explicó.
Lo que hay al 2020
A días del tercer Congreso Gas & Petróleo “Exploración y petroquímica, promoviendo inversión y agregando valor”, el presidente de Yacimientos, Carlos Villegas, reiteró que este año se perforarán 14 nuevos pozos exploratorios, a madurar en al menos cinco años.
Desde el año pasado Yacimientos procura la puesta en marcha los convenios de estudio suscritos con YPF Argentina, GTLI, Petrobras, Pluspetrol, Petrovietnam y NIOC (Irán) esperándose que la inversión con las petroleras privadas permitirá incrementar la producción en los campos de Incahuasi, Margarita-Huacaya, San Alberto, Itaú y Sábalo, además de otros operados por YPFB Andina y YPFB Chaco, sus subsidiarias.
“Estamos armando el nuevo escenario nacional de la exploración”, dijo Villegas en referencia a la negociación de 14 contratos de prospección con las empresas del sector y la próxima sanción parlamentaria de cuatro nuevos contratos de exploración.
“El 2009, en términos de reservas certificadas estábamos en 9,9 TCF, pero al 31 de diciembre de 2012, no hemos certificado sino hemos cuantificado estas reservas y hemos descubierto en YPFB que ahora tenemos 11,2 TCF”, reveló Villegas a los medios estatales el último domingo sin referirse al los casi 2 TCF ya consumidos desde el 2009 al 2012 en la exportación de hidrocarburos a Brasil y Argentina, por lo que quedaría al cierre de la última certificación (2009) un saldo de 8.2 y no 9.9 TCF, lo que afectaría la reciente estimación al 2012.
Hace tres días, el viceministro de Exploración, Eduardo Alarcón, señaló a El País de Tarija que se cuenta con reservas suficientes de gas hasta el 2020, pero alertó que después Yacimientos tendrá que realizar un trabajo esforzado de exploración para cumplir con los compromisos internos y externos.
Según Alarcón, son 19 los contratos de exploración y explotación que se espera firmar el 2013, y aunque la exploración podría tardar entre cinco y 10 años remarcó que poco a poco se están reponiendo las reservas. “Eso no quiere decir de que esté bien reponer: hay que descubrir más reservas y debemos encontrarlas”.
La porción que reciben las petroleras privadas una vez pagado el “government take” no está en la agenda del Congreso. Estimaciones independientes aseguran que la remuneración de las operadoras transnacionales habría alcanzado a 1.341 millones de dólares el 2012, entre utilidades y costos recuperables, habiéndose alejado hace años del 18 por ciento (82 % estatal) que rigió en la primera fase de la nacionalización, y acercado al 33 y 28 por ciento señalado por el analista Mauricio Medinaceli, que refiere para el Estado Plurinacional un promedio que se ha reducido al 70 por ciento o poco más.
Paralelamente, el gobierno ha anunciado hace un mes, entre otros incentivos de exploración vigentes para las petroleras (como el precio adicional de 30 dólares por barril desde el año pasado) que reducirá el plazo de 20 a diez o cinco años para que las empresas recuperen su inversión de riesgo.
Exploración vs. Industrialización
Al anunciar la presencia del presidente Evo Morales en el tercer Congreso, Villegas dijo en abril pasado que YPFB asumió el reto de encarar un nuevo ciclo exploratorio con el objetivo estratégico de incrementar descubrimientos de hidrocarburos en áreas exploratorias sujetas a contratos en vigencia, contratos a ser suscritos y en áreas operadas por YPFB Corporación.
De acuerdo a las proyecciones oficiales, año 2030 las reservas se situarían en hasta 30 TCF, si se concretan los contratos de servicios en marcha y los que se logren a futuro. El potencial de gas está estimado en 60 TCF.
El evento de YPFB tendrá lugar del 23 al 24 de mayo en Santa Cruz, donde se observarán los resultados de la nacionalización, y su retos inmediatos, los proyectos de exploración y petroquímica.
El programa incluye temas como la petroquímica del gas natural a nivel mundial, Latinoamérica en el descubrimiento de nuevas reservas, la experiencia de Argentina, Brasil y China en el desarrollo y gestión de la exploración de hidrocarburos.
A YPFB le interesa especialmente exponer proyectos que agregarán valor a la producción hidrocarburífera como las dos plantas de separación de líquidos de Río Grande y Gran Chaco, la planta de procesamiento de gas de Itaú, el complejo petroquímico de etileno y polietileno, la planta de GNL y la planta amoniaco-úrea del Chapare.
Corrupción y eficiencia
La inauguración de la planta separadora de licuables de Río Grande, ensombrecida por la corrupción el 2009 y el año pasado, fue en parte la antesala de los resultados de industrialización a mostrar en el evento internacional, aunque el complejo tardará todavía dos meses en echar a andar, según admitió Villegas este lunes 13, procesando el energético.
El presidente Morales “fue parte de un show organizado para la inauguración de la Planta, que nace con una sospecha de sobreprecio de más de 50 millones de dólares”, dijo por su parte el analista político Carlos Valverde.
La crítica especializada sin embargo, incide, además de la corrupción en las expectativas frustradas de la nacionalización de los hidrocarburos, sobre todo en prospección de nuevas reservas.
Mauricio Medinaceli ya previno que hay mucha concentración en los campos del sur y descubiertos antes del 2006, por lo que es necesario promover la exploración y explotación en otras regiones con mayor precisión y detalle en su diseño.
Para Gabriel Gaite, entrevistado por El Deber de Santa Cruz, sólo se trabaja en campos maduros sin buscar su reposición.
Álvaro Ríos sostiene que la gran producción de gas natural y líquidos asociados “está en manos de Petrobras, Repsol, Total, British Gas, PAE, Pluspetrol y otras petroleras privadas… hasta un 80 por ciento”.
Para el colmo, el gobierno casi duplicará su capacidad de explotación (43 MMmcd hace un año, 55 MMmcd en diciembre pasado), en busca de monetizar aún más las pocas reservas que quedan, elevando la potencialidad del procesamiento y producción a 83 MMmcd según declaró en diciembre el vicepresidente de Administración, Luis Alberto Sánchez, con base en un mayor desarrollo de Sábalo, el megacampo que produce 22,1 MMmcd, además de Margarita, Itaú, San Alberto, Incahuasi y Aquio.
Renta petrolera, gasto estatal y bonos
La sobreexplotación de las reservas no es al parecer un error del gobierno, pues la exploración es el quinto pilar de la estrategia, mencionado por el vicepresidente Álvaro García.
El primero, dijo el segundo mandatario en diciembre pasado, es la recuperación de la propiedad de los recursos y del excedente; segundo la reconstrucción de la institucionalidad de YPFB; tercero los contratos de operación de las empresas extranjeras para que se subordinen a las necesidades del Estado; cuarto la industrialización de los hidrocarburos, “y quinto el pilar referente al desarrollo y expansión de procesos exploratorios de gas y de petróleo que garanticen la sostenibilidad de este plan estratégico las siguientes décadas”.
Con cerca de 22.000 millones de dólares de renta petrolera acumulada desde el 2006 al 2013 (el Presidente prevé 5.000 MM esta gestión), el Estado Plurinacional ha visto pasar por sus manos y maneja la inédita cifra de más de 120.000 millones de dólares, según las tablas 2001-2013, de presupuesto consolidado que consignó la revista IN en su edición N° 29, de diciembre pasado.
Cercana a esos datos, la gobernación cruceña refirió hace una semana que el régimen de Evo Morales ha manejado en siete años de gobierno 95.000 millones de dólares, hasta cinco veces más que en 25 años de gobiernos anteriores.
¿Se benefició la población boliviana con cuatro veces más Salud, cuatro veces más Educación, cuatro veces más Seguridad Ciudadana, cuatro veces más producción de Energía e Hidrocarburos?, cuestionó el secretario de Hacienda de esa Gobernación, José Luis Parada.
Parte de esos enormes recursos fue destinada a los bonos que el gobierno entrega a grupos de escolares, madres y población de la tercera edad: 284 millones de dólares el 2012, según el informe presidencial de enero pasado (310 millones para el bono Juancito Pinto desde el 2006 y 43 millones para el bono Juana Azurduy desde el 2009).
“Cuando se creó el Bono Juancito Pinto, criticaron al Gobierno tanto analistas de derecha como de izquierda; unos porque no era sostenible en el tiempo y otros por ser un paliativo y no enfrenta la pobreza de manera estructural”, recordó el ex presidente del Banco Central. Gabriel Loza, comparando las cifras con los bonos que da, por ejemplo, el Estado chileno a su población pobre.
Para el 2012, según datos del Ministerio de Economía expuestos por Loza, se destinaba en los tres bonos (incluidos el Juana Azurduy y la Renta Dignidad), un gasto fiscal de 2.554 millones de bolivianos ($us367 millones) equivalentes a un 1,4 por ciento del PIB boliviano. Una enorme distancia respecto de lo que gasta el Estado Plurinacional y lo que percibe anualmente por la renta petrolera.
