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Los expertos en hidrocarburos, Francesco Zaratti y Hugo del Granado, coincidieron al referirse la recientemente aprobada ley que ofrece a las empresas petroleras extranjeras un incentivo adicional, para que amplíen la vigencia de sus contratos y afirmar que el Gobierno aprueba normativas que sólo se adecúan a algunas petroleras.
“Mi criterio particular es que estas dos leyes son trajes hechos a la medida de algunas empresas. Por ejemplo, la primera ley de incentivos de diciembre del año pasado parecería estar hecha a medida de Total, con el fin de que pueda desarrollar el campo Incahuasi y Aquío, reservas conocidas, pero que no se volvían comerciales porque había algo que impedía a Total hacer la inversión necesaria para adecuar al campo. Ahora con la Ley de incentivos, en el fondo, lo que hace es rebajar el IDH, devuelve el IDH sacado de las regiones y el Tesoro General de la Nación lo devuelve a las petroleras”, explicó Zaratti.
El legislativo sancionó la pasada semana una ley que ofrece a las empresas petroleras extranjeras un incentivo adicional, para que amplíen la vigencia de sus contratos, a cambio de invertir entre 350 y 500 millones de dólares en proyectos de exploración de reservas gas y petróleo, en las áreas que actualmente operan bajo contrato con YPFB.
Con la actual Ley N° 767 de 11 de diciembre de 2015 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, una empresa petrolera con producción comercial regular puede suscribir una adenda y ampliar “por única vez” su contrato por cinco años más al tiempo del contrato principal.
La enmienda aprobada por el MAS, exceptúa el límite de cinco años, a condición de que las petroleras en fase de exploración y con producción comercial regular, comprometan y ejecuten nuevas inversiones iguales o superiores a los 350 millones de dólares en actividades de exploración, o 500 millones de dólares en actividades de exploración y su desarrollo.
“Me imagino que ya han analizado en qué medida estas normas que han aprobado entre diciembre de 2015 y el mes pasado ayuden a salir de este callejón sin salida que se encuentra la industria petrolera en Bolivia”, advirtió Zaratti.
Del Granado, coincidió con Zaratti y agregó que existe una preocupación por la Ley 767, que aún no ha sido aplicada porque no fue reglamentada, seis meses después existe una modificación en la misma.
“Lo que llama la atención es que se modifique una ley sin haberla aplicado previamente y lo que hace es suponer que son las empresas petroleras las que han solicitado esta modificación para poder hacerla más amplia a los intereses suyos y que puedan ampliar la vigencia de su contrato con tal de que inviertan más montos”, lamentó Del Granado.
Asimismo, explicó que se supone que esta norma aprobada tiene el objetivo de atraer inversiones, lo cual debería llamar la atención de empresas que aún no invirtieron en el país.
“Y ese no es el caso porque esta ley se aplicaría únicamente esta modificación, más el artículo de la anterior ley a empresas que están en el país y que tiene ya contratos, de lo que se trata es abrir el panorama nacional para que puedan venir más empresas a firmar nuevos contratos, una es PDVSA a través de Petroandina y la otra es Gaspro que tuvo que asociarse con Total para acceder, no había más empresas”, detalló.
El experto dijo que el objetivo debería ser abrir las estructuras que se instalaron desde el año 2006 para que el país pueda tener un campo más flexible con las inversiones, “de tal manera que no estemos teniendo que inventar cada seis meses nuevos incentivos o ampliar los incentivos ya otorgados para que se pueda invertir”.
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