Piden políticas en favor de niños con discapacidad
Los países de América Latina y el Caribe deben implementar leyes, políticas, programas y acciones específicas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, indica el último boletín conjunto publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Algunas de las políticas públicas que podrían ser adoptadas son la detección temprana de las discapacidades, la inclusión de los niños y niñas en escuelas y actividades recreativas, la implementación de diferentes tipos de accesibilidad (por ejemplo, arquitectónica y comunicacional), la entrega de apoyo monetario a las familias para la obtención de dispositivos de asistencia, además de subsidios para la producción de estos dispositivos.
Todas estas políticas promueven los derechos de la infancia en términos amplios y contribuyen al desarrollo económico y social de los países, ya que permiten a los niños y niñas con discapacidad desarrollar todo su potencial en condiciones de mayor igualdad con el resto de la niñez regional, explica la publicación.
A finales de 2012, 28 países de América Latina y el Caribe habían firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y 23 estaban en proceso de ratificación.
No obstante, esto no siempre se traduce en legislaciones, políticas y programas, debido en muchos casos a la falta de voluntad política, a la ausencia del tema de la discapacidad en la formulación de las políticas sociales y en el debate legislativo, y a la escasa articulación entre las propuestas y las acciones necesarias.
Alrededor de 12 por ciento de la población de América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad (12,4% en América Latina y 5,4% en el Caribe), según el informe Panorama Social de América Latina 2012 citado en el boletín. Este estudio, publicado por la CEPAL en noviembre de 2012, dedica un capítulo especial al tema de la discapacidad en la región.
Según la Convención, se considera personas con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
“Hasta hace poco, los niños y niñas con discapacidad eran escondidos, objeto de burlas y, en muchos casos, víctimas de violencia. Esta situación ha mejorado gracias a algunos cambios en la concepción de la discapacidad y a la ratificación de la CDPD”, indican la CEPAL y UNICEF en el boletín que se publica dos veces al año.
Las barreras y obstáculos para una verdadera inclusión son muchos: arquitectónicos, comunicacionales, legales y actitudinales, y todos deben ser superados.
“A menudo se cree que construir rampas en la entrada de un centro comercial o de una escuela es suficiente”, afirma el boletín, pero para una auténtica inclusión, por ejemplo, las escuelas requieren disponibilidad de instrumentos, herramientas y actividades adaptados a las distintas necesidades y capacidades de los niños y niñas, así como contar con un cuerpo docente capacitado.
La capacitación e integración de familiares y cuidadores, así como la asistencia a los mismos, es igualmente importante, agrega el documento.
Los países también deben prestar especial atención a las barreras sociales o culturales -como el prejuicio, la discriminación o el estigma- y a las barreras legales o normativas. En la región se deben analizar las normas o disposiciones aparentemente neutrales, pero que permiten o perpetúan la discriminación, concluye el documento.