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El abogado Jhazmani Torrico no sólo recurría al matonaje en su actividad, sino también dirigía procesos judiciales y hasta elaboraba resoluciones de vocales en su oficina, informó el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.
Torrico se encuentra encarcelado desde noviembre del año pasado. Sin embargo, en los últimos días levantó polémica e indignación social, porque se revelaron videos en que se le observa torturando a personas a quienes exigía pagar deudas.
Según Jiménez, ya desde el allanamiento que se hizo a la oficina de Torrico en 2018, se hablaba de los vínculos que tenía con autoridades. Entonces, el abogado dijo que si la Policía se llevaba sus CPU’s tendrían que “temblar” jueces y fiscales.
Como ejemplo, el Viceministro mencionó dos resoluciones de la vocal de la Sala Penal II del Tribunal Departamental de Justicia, Anabela Torrez, quien ya se encuentra aprehendida por este caso.
El primer caso se refiere a la hermanas Adriázola, una de ella campeona de Tae Kwon Do, que fueron asesinadas en 2015. Los presuntos autores de los hechos fueron condenados en primera instancia, pero la Sala de la vocal Torrez, en apelación, de decidió anular la sentencia.
Según Jiménez, el abogado de los imputados era Torrico, quien elaboró la resolución, que anulaba la sentencia condenatoria, y se la pasó a la vocal Torrez.
El segundo caso “emblemático” que mencionó el Viceministro es el de un teniente de apellido Ledesma, quien estaba acusado de feminicidio y con detención preventiva, pero fue liberado tras una audiencia de apelación, gracias a la colusión de Torrico y la vocal.
El Viceministro señaló que, en audios, se puede evidenciar que Torrico negociaba cifras de miles de dólares para ser favorecido con la decisiones de las autoridades judiciales, a quienes denominaba “tíos”.
El esposo de la vocal, Clever Juan Torrico Quinteros, también fue detenido por este caso.
Además, al final de la tarde, aún se estaba por aprehender al vocal Nelson Pereira, quien también fue involucrado en el consorcio del abogado “torturador”.
El hijo de un fiscal
Por esta investigacion también fue aprehendido el fiscal Mauricio Olivares Gordillo, cuyo hijo era parte del bufete Leclere, de propiedad de Jhazmani Torrico, según el Viceministro de Transparencia.
Justamente el consorcio manejaba casos que eran atendidos por ese fiscal, agregó la autoridad.
Policías encubridores
Entre los detenidos, también están cuatro policías, que hicieron desaparecer información para favorecer al consorcio ilegal.
De acuerdo con Jiménez, cuando una fiscal “valiente” hizo avanzar las investigaciones, los policías ahora acusados sustrajeron y modificaron soportes digitales para ocultar datos, sin embargo, fueron descubiertos por otros agentes.
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