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Luisa Ortega acaba de ser apartada del cargo de fiscal general de la República de Venezuela e inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público, tras recibir la nueva Asamblea Constituyente la sentencia del Tribunal Supremo que la inhabilita y enjuicia.
Diosdado Cabello ha propuesto a Tarek William Saab, Defensor del Pueblo y militante ultra del madurismo, como nuevo fiscal.
El chavismo contaba las horas de la fiscal rebelde al frente del Ministerio Público Venezolano. Desde las 6 de la mañana hora local, la Guardia Nacional Bolivariana se había desplegado en los alrededores de la sede principal de la Fiscalía General de la República, en el Parque Carabobo de Caracas, donde los militares han impedido entrar o salir a los fiscales y trabajadores, incluso les han negado la posibilidad de obtener alimentos, entre ellos a Ortega.
La titular del Ministerio Público fue obligada a retirarse de la sede y sus alrededores por los efectivos, sin que se le explicaran los motivos.
"Rechazo el asedio al Ministerio Público Venezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional", reaccionó de inmediato Ortega, convertida en la gran "traidora" para la cúpula cívico-militar de la revolución.
Últimas Noticias, órgano de prensa del chavismo, adelantó ayer que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), martillo del madurismo contra la oposición y la Asamblea Nacional, ultimaba una sentencia que ordenaría la destitución de Ortega e iniciará su procesamiento.
Nicolás Maduro también profirió ayer su propia sentencia política contra esta "cómplice de la insurgencia armada", quien fuera una de las más estrechas colaboradoras de Hugo Chávez: "Hablemos claro frente al país, si aquí hubiera habido una Fiscalía que actuara apegada a la justicia y con valentía, hace mucho tiempo que esos criminales (opositores) estuvieran capturados, castigados y encarcelados".
En el punto de mira
Ortega, para quien la Constituyente refleja "una ambición dictatorial", es una veterana chavista que se alejó del gobierno al denunciar que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. La funcionaria presentó varios recursos contra la Constituyente, todos desestimados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.
Esta semana, anunció que abrió una investigación contra los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la denuncia de Smartmatic, empresa que dio soporte tecnológico a los comicios para la Constituyente, de que hubo "manipulación" en los resultados.
Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el gobierno no reconoce, dictó medidas cautelares de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad "se enfrentan a un riesgo inminente de daño irreparable".
Fuente: El Mundo
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