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A casi tres semanas de las cruciales elecciones legislativas venezolanas, víctimas y opositores del país caribeño pidieron a la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue al presidente Nicolás Maduro y a otros ocho altos funcionarios de su gobierno por crímenes de “lesa humanidad”.
La presentación fue hecha por Juan Carlos Gutiérrez, abogado del dirigente opositor Leopoldo López, y por el político venezolano Carlos Vecchio, número dos del partido Voluntad Popular.
“El día de ayer presentamos formalmente una solicitud para que la Corte abra un examen preliminar contra altos funcionarios, particularmente con Maduro, porque consideramos que se han cometido delitos de lesa humanidad”, explicó Vecchio en rueda de prensa en Madrid, acompañado por Gutiérrez.
El informe presentado incluye “evidencias” de una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos, registrados desde febrero de 2014 hasta la actualidad.
Las protestas comenzaron a principios del año pasado a raíz de la inseguridad creciente, la enorme inflación, que está cerca del 200%, y el desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Se extendieron durante varios meses, en los cuales el gobierno reprimió con efectivos policiales y grupos de choques oficialistas. Hubo 43 muertos y miles de detenidos.
La denuncia ante la Corte internacional invierte los argumentos utilizados hasta ahora por el oficialismo, ya que justamente a López se lo condenó a casi 14 años de prisión bajo una causa armada, según la denuncia del propio fiscal del caso, Franklin Nieves, quien huyó a Miami, en donde se lo acusó de instigar las manifestaciones.
“La figura central” del informe es Maduro, según destacó Gutiérrez, aunque la denuncia también se dirige contra otros altos funcionarios del Estado, cuya identidad no fue revelada por motivos “de estrategia”.
El abogado sostuvo que en Venezuela “no existe la posibilidad de tener justicia”, y denunció que el sistema judicial “es una herramienta de persecución del Estado”.
De acuerdo al informe, hay “un comportamiento sistemático, generalizado, por parte del Estado venezolano dirigidas estructuralmente a atacar, a producir daños contundentes y efectivos sobre cualquier foco de disidencia o de mera crítica al gobierno nacional”, puntualizó Gutiérrez.
“Estamos ante un caso de crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con asesinatos, torturas, detenciones ilegales, persecuciones, tratos inhumanos”, afirmó Vecchio, por su parte.
Según el dirigente político, que tuvo que huir a Florida para evitar que lo encarcelen junto a López, la solicitud ante la Corte internacional se hizo a pocos días de las elecciones del 6 de diciembre con el objetivo de llamar “la atención a nivel internacional sobre este ambiente que ha planteado Nicolás Maduro, prácticamente de un llamado a la violencia en caso de un triunfo nuestro”.
Ahora la Corte de La Haya debe decidir si admite la solicitud, algo que le puede llevar alrededor de seis meses.
También si lo resuelve de manera separada o conjunta con el resto de las denuncias presentadas contra el gobierno de Venezuela.
La Fiscalía de la CPI cuenta actualmente con otras dos peticiones de investigación, una de ellas interpuesta por diputados de Argentina, Bolivia y Perú, también por crímenes de lesa humanidad, y otra presentada por Colombia, por las deportaciones masivas con motivo de la crisis fronteriza que mantiene ambos países.
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