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Una masiva manifestación volvió este sábado a inundar las calles de la capital de México un año después de la desaparición de los 43 estudiantes en el pobre y violento Estado sureño de Guerrero. La marcha se nutrió de una imponente y pacífica participación de diferentes estratos de la sociedad civil mexicana, aunque no de manera tan multitudinaria como las vividas durante el año pasado. La conmemoración del primer aniversario llega en un momento especialmente sensible para la investigación del caso, que ha vuelto a abrir con fuerza numerosas incógnitas sobre lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
"Les estamos demostrando que un año después sigue prendida la llama de la indignación", clamó la madre de uno de los desparecidos desde un improvisado escenario en el Zócalo, la plaza central del DF donde desembocó la marcha.
La cabecera, como ha sido habitual durante el río de protestas, estuvo formada por los padres y familiares de los estudiantes, que arrancaron desde la residencia presidencial de Los Pinos un recorrido de varias horas, acompañados de representantes de las universidades, sindicatos, grupos de la sociedad civil y ciudadanos de todas las edades. Antes de desembocar en la plaza del Zócalo a través de la avenida Reforma, una de las arterias de la ciudad, la columna de la plaza del Ángel volvió a ser uno los lugares simbólicos para recoger los lemas que marcaron la protesta: Ayotzinapa vive, Ayotzinapa somos todos, Día de la indignación.
Además de recordar la efeméride, el descontento y la demanda de justicia por parte de los manifestantes llega en un momento en que la investigación del caso ha dado un fuerte giro.
La Procuraduría General consideró cerrado el expediente en febrero tras más de un centenar de detenciones, decenas de trabajos periciales y la identificación por ADN de uno de los estudiantes. La conclusión de la fiscalía, defendida como una “verdad histórica”, fue que los estudiantes fueron secuestrados por un grupo de policías locales aliados con el narco, que los habrían ejecutado para después incinerar sus cuerpos en un basurero.
Esta versión oficial fue refutada este mes por el comité de expertos de la OEA, lo que a su vez ha provocado un giro en la política oficial. El Gobierno asume ahora nuevas líneas de investigación y se muestra más próximo a las familias, que mantienen la fe en que los muchachos no estén muertos.
Fuente: El País
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