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La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que el juicio de responsabilidades planteado en el Órgano Legislativo contra las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría vulnerar el debido proceso y afectar la independencia judicial.
“Preocupa a la Oficina que en este juicio, debido a la forma en la que se han llevado a cabo varios actos procesales, éstos podrían estar vulnerando las garantías del debido proceso de las acusadas, particularmente su derecho a la defensa plena. Preocupa también que dicho proceso pudiera comprometer y afectar la independencia judicial en el país”, dice un comunicado emitido hoy.
Las magistradas Soraida Chanez y Ligia Velásquez fueron suspendidas de sus funciones por la Cámara de Diputados, acusadas de incumplimiento de deberes y otros delitos, debido a que determinaron posponer la aplicación de la Ley del Notariado con la sola admisión de un recurso de inconstitucionalidad en su contra.
Ahora, ambas enfrentan un juicio de responsabilidades en el Senado que comenzará el 21 de octubre.
Al respecto, el Alto Comisionado, a través del documento, recordó que “cualquier proceso sancionatorio en contra de jueces, juezas, magistrados y magistradas debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso y sus miembros deben actuar con imparcialidad e independencia, de conformidad con los tratados suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia y que integran el bloque de constitucionalidad; así como los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, y la jurisprudencia vinculante de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos”.
El magistrado Gualberto Cusi también está acusado por los mismos delitos. Él no fue suspendido junto a Chanez y Velásquez porque estaba hospitalizado, sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que será procesado al igual que sus colegas.
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