ALP evaluará a autoridades del Órgano Judicial
Las presidentas del Senado y Diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) anunciaron que evaluarán a las autoridades del Órgano Judicial luego de la aprobación de diferentes normas impulsadas para la transformación de la justicia. Ambas lamentaron que hasta el momento no se perciban los cambios esperados, y muestra de ello es el 84 por ciento de procesos con retardación de justicia.
La titular de la Cámara Baja, Betty Tejada, increpó a los representantes electos a raíz de los últimos sucesos, como la salida de Roger Pinto del país, la fuga del exasambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Justino Leaño y los muertos en Palmasola. Consideró necesarias reformas urgentes.
“Evaluamos los currículos de los que ahora son parte de las autoridades judiciales, del Ministerio Público, y nos preocupa enormemente. Es un tema que también vamos a evaluar porque quienes pusimos nuestro voto con el ideal de que la justicia cambie nos parece que no ha cambiado”, señaló la legisladora.
La autoridad no quiso hablar de un fracaso y atribuyó los problemas a un proceso de construcción que avanza lentamente y con muchas dificultades. También solicitó no culpar por ello al presidente Evo Morales y anticipó la elaboración de una agenda donde se planifique este trabajo.
La titular del Senado, Gabriela Montaño, afirmó que algunas decisiones de la justicia no sólo benefician a políticos sino también a criminales, por lo que sugirió que se evalúe el trabajo del Órgano Judicial y se solicite la información correspondiente.
“Lo que corresponde es que la Justicia también informe todas estas decisiones que no son solamente con personajes políticos, son con narcotraficantes, que les dan arresto domiciliario, generan retardación de justicia, (…) nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos como Asamblea Legislativa para transformar la justicia (…) pero lastimosamente hay autoridades en el Órgano Judicial que no cumplen con el pueblo boliviano”, manifestó Montaño.
Ambas percepciones surgen al mismo tiempo que se conoce una investigación de la Pastoral Penitenciaria Católica en Bolivia, que sitúa al país como la región con mayor retardación de justicia en Latinoamérica, seguido de Perú. La principal causa de ello son los procesos morosos y costosos, señala la investigación.
El jefe oficialista en la Cámara Alta, Eugenio Rojas, sugirió aplicar la justicia indígena originaria en las ciudades por su transparencia y costo. Criticó el accionar de los funcionarios de la justicia ordinaria que sólo “trabajan por dinero y sin ningún compromiso”.
“Hay que trabajar la justicia indígena originaria, mucho confiamos en la justicia ordinaria, ese es nuestro peor error, desde nuestra misma comunidad ya directamente vamos a la justicia ordinaria, sabemos que nos cuesta plata, sabemos que hay retardación de justicia, tenemos que confiar en la justicia indígena originaria, tal vez hay que instituir en la ciudades, pero con sus procedimientos propios”, apuntó.
