Asambleísta departamental Sin Miedo denuncia amenazas por caso cemento asfáltico
La asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Sin Miedo (MSM), Vilma Magne, denunció este martes haber recibido al menos tres amenazas a través de su teléfono celular por haber denunciado el desvío de 1.500 turriles de cemento asfáltico destinados al municipio de San Buenaventura y que provocó la detención preventiva del exalcalde Adalid Carvajal en la cárcel de San Pedro de La Paz.
“En mi celular recibí una llamada y dos mensajes de texto que ponen en riesgo mi vida, pero nadie me alejará de este caso porque el hecho de corrupción existió por la pérdida de 1.500 turriles de cemento asfáltico”, dijo Magne a la ANF.
La asambleísta de los Sin Miedo explicó que la primera amenaza se produjo el viernes, luego que el exAlcalde de San Buenaventura, de filas del MAS, fue detenido en San Pedro, producto de una audiencia de medidas cautelares realizada un día antes, y este domingo recibió dos mensajes de texto en los que le exigen apartarse del caso, si no quiere sufrir consecuencias.
Magne y su colega de partido, José Luis Katty, pusieron al descubierto el desvío de 1.500 turriles de cemento asfáltico que debían servir para el asfaltado de varias vías del municipio de San Buenaventura. Casi 200 turriles fueron hallados en un domicilio particular en el departamento de Santa Cruz y el resto sigue desaparecido, lo que ha provocado un serio daño a la economía de ese municipio.
Gobernación, otro frente
Magne mostró su extrañeza por una declaración de Marcelo Viruez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de La Paz, quien anticipó acciones legales en contra de las asambleístas Magne y Katty, luego que se abrió la posibilidad de que la investigación sobre este caso sea ampliada al propio gobernador César Cocarico.
“Estos dos asambleístas que presenten pruebas o los indicios que ellos pueden tener para respaldar afirmaciones (sobre presuntos vínculos del gobernador César Cocarico con el caso del cemento asfáltico), caso contrario la Gobernación está en la obligación de comenzar las acciones legales pertinentes”, declaró Viruez a un periódico local.
La Paz, 21 agosto 2012 – L.F.C./
