DEFENSOR DEL PUEBLO

La elección del defensor del pueblo ha desnudado, una vez más, la incoherencia maximalista de las normas y el cinismo de los responsables de aplicarlas, que exigen su cumplimiento cuando ellos no las acatan. La actual Constitución Política del Estado es la mejor expresión de cómo no se debe aprobar normas guiadas por la pasión antes que por la razón.  La actual carta magna tiene, de entre sus 411 artículos, más de una centena que son un canto a la bandera y contradictorios entre sí mismos. Por ejemplo, el gobierno ha implementado toda una parafernalia discursiva y de montaje económico en relación a que Bolivia es un Estado Plurinacional. El preámbulo de la nueva CPE dice: "Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos".

Lo "unitario", como definía la anterior Constitución, no condice con lo "plurinacional" de la presente Carta Magna y menos con el compromiso del "desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos"(Fernando Valdivia, 2010). Aumentando esta contradicción con relación al Estado Plurinacional, la misma CPE, en su capítulo tercero, referido al sistema de gobierno, en el articulo 11 establece que “la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. Por lo tanto, La Republica no ha muerto, como se empeñan en machacar los dueños del proceso de cambio.

Otra de las disposiciones deseables pero inaplicables es la del artículo 5 de la CPE que establece: son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En la práctica, esto es un canto a la bandera. De aplicarse éste artículo 5, solo para señalar algunas implicancias prácticas, todas las normas nacionales deberían salir en los 36 idiomas nativos. Conoce usted alguna norma en Besiro, Yuki,Tepiete, Pacawara y demás? A lo máximo se han publicado algunos ejercicios normativos en aymara, qechua y guaraní. Rematando el yerro, el artículo 234 cierra la cuadratura del círculo, estableciendo entre los requisitos para el desempeño de funciones públicas, entre otras, hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Esta disposición constitucional es tan jalada de los pelos que contradice lo establecido en el artículo 257 de la misma: “los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”. Uno de los tratados es el referido al respeto de los derechos humanos y la declaración universal de los mismos que en su artículo segundo establece con meridiana claridad lo siguiente: “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”

Todas estas determinaciones junto a la de dar “nacimiento” al estado plurinacional se basaron en los resultados del censo de 2001 donde por primera vez en la historia censal de Bolivia se consultó sobre la auto-identificación y arrojó el dato de que el 62% de la población se auto-identificaba con un pueblo indígena. Estos resultados sirvieron para hacer un uso político  para justificar las banderas indigenistas e indianistas en la construcción del “nuevo estado”.

Con esos datos y argumentos se manipuló para que el  Estado Republicano fuera sustituido por un “Estado Plurinacional” que consagra a 36 naciones indígenas y originarias, dotadas de privilegios especiales, entre ellos el derecho a “tierra y territorio” y a “su libre autodeterminación”, estableciéndose un sistema de derechos diferenciados, propio de un régimen de segregación social. Todo ello a título de “descolonización”.

Si para justificar los cambios mencionados, se utilizó los datos del censo 2001, ahora, en la actual circunstancia,  el gobierno y los ciudadanos estamos obligados a tomar en cuenta los resultados del censo 2012. A diferencia del 2001, la boleta del censo 2012 en la pregunta 29, relativa a la “autopertenencia” indígena, preguntó: “ Como boliviana o boliviano, pertenece a algún pueblo, nación indígena originario o afroboliviano?” La respuesta también incluyó la alternativa: no pertenece. Los resultados del censo 2012 fueron sorprendentes.

Casi siete de cada diez bolivianos de 15 o más años de edad consideraron que no pertenecen a ninguna de las 36 naciones indígenas ni a los afrobolivianos del país. De un total de 10.027.254 bolivianos encuestados, sólo se contabilizaron las respuestas de 6.916.732 bolivianos de 15 años o más sobre su pertenencia étnica, dando que, de todos ellos, el 69% de la población nacional no se adscribe a ningún pueblo indígena.

Entonces, si fuéramos serios y dado el nuevo andamiaje social, cultural y político que nos arrojan los datos del censo 2102, por qué seguir insistiendo en algo que en menos de 15 años ha cambiado, dándose la vuelta radicalmente? El 2013, se consultó al Vicepresidente su opinión y señalo: “hay dos clases de bolivianos: los bolivianos y los bolivianos indígenas, en lo que calificó una realidad compuesta” ( Sybila Tabra,2013).En consecuencia los NINGUNO  (69% de la población del país) existimos y estamos en todo el derecho de exigir que no se nos segregue por razones de raza, etnia ni idioma. Como dice el Vicepresidente, 69% somos bolivianos no indígenas y, por lo tanto, no nos pueden exigir como requisito el saber un idioma nativo, a lo más se podría tomar como un factor de valoración positiva en puntajes para los que lo sepan. En ese sentido Jhon Arandia, Maria Galindo y decenas de excluidos por esta razón tienen todo el derecho de reclamar.