DEFENSOR DEL PUEBLO

La polémica de la propuesta de la cadena perpetua va en contra ruta de los tratados internacionales de derechos humanos y de la misma Constitución Política del Estado, es más, viola los preceptos constitucionales en los que asientan los derechos humanos, que son la dignidad, la igualdad, y la no discriminación.

Otro elemento central es que con este tipo de penas no pensemos que se acabarán los delitos o las personas que cometen ciertos delitos, ya se ha demostrado por todos los medios, que la persona siempre necesita una segunda oportunidad y para eso el Estado debe generar políticas claras de rehabilitación y de recuperación. Nuestra constitución es garantista de derechos, rechaza los extremos, como la pena de muerte, la cadena perpetua, o la guerra, o la traición a la Patria.

Los sectores sociales, profesionales, universidades, organizaciones de derechos humanos, jueces, fiscales y otros no pueden quedarse callados ya aceptar esta propuesta. De lo que se trata ahora es de mejorar y aplicar todas las disposiciones legales que tenemos en materia de seguridad ciudadana, de derechos humanos, de controles, de sanciones. Ya no necesitamos más leyes, con las que existen, que ya van más de 700 nuevas leyes desde febrero de 2009, que rigen en el Estado Plurinacional de Bolivia,.

Recordemos también que las cárceles no son solo recintos para depositar personas, o basureros para que se pudran allí quienes han cometido algún delito. Las cárceles deben ser centros de rehabilitación, de terapia ocupacional y de disciplina, si desde el Estado se asumiera una verdadera e integral política carcelaria, sin duda, alguna la incidencia de los delitos sería menor.

En estos tiempos, el Estado y la sociedad civil deberían asumir que mientras más se amplían más derechos, se empodera a la gente de sus derechos y se consoliden nuevos paradigmas en derechos humanos, estamos contribuyendo a construir una mejor sociedad con mejores personas.