Seguridad
Defensor califica de irresponsable la exclusión de exautoridades del caso Caranavi


Valorar esta noticia: 
sin votos aún
Jueves, 23 Abril, 2015 - 00:39

La Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado, expresó su indignación con la decisión que el Ministerio Público tomó para excluir del caso Caranavi a las exautoridades del Ministerio de Gobierno, Sacha Llorenti y Gustavo Torrico, y al excomandante general de la Policía, Óscar Nina.

La institución defensora de los derechos humanos calificó como una muestra de “irresponsabilidad” la exclusión de esas personas “a priori y sin razón justificable”.

“Esta determinación, que hace escarnio una vez más el mandato y el principio de justicia, muestra además que estamos frente a un sistema que sólo busca proteger a los poderosos y encubrir todas las acciones de abuso y violencia que estos pudieron cometer”, indica el documento.

Comunicado del Defensor 

Entre el 27 de abril  y  el  8 de mayo de 2010, en el municipio de Caranavi, a raíz del incumplimiento de acuerdos entre el gobierno y organizaciones locales, se produjeron una serie de enfrentamientos y acciones violentas que tuvieron como resultado la muerte por impacto de balas de los ciudadanos David Calisaya Mamani y Fidel Mario Hernany Jiménez, además de decenas de heridos, muchos de ellos alcanzados por municiones letales, entre los que se encontraban pobladoras mujeres y hombres, menores de edad y policías, siendo afectado el propio Comandante Departamental de la Policía de entonces.

Adicionalmente a estos hechos de sangre que afectaron el derecho a la vida, durante la investigación posteriores se concluyó que la intervención policial a la ciudad de Caranavi se caracterizó por una progresiva violencia y un empleo desmesurado de la fuerza, hasta desembocar en un uso arbitrario incluso del armamento que manipulaban, vulnerando una serie de derechos como la dignidad, la integridad, la propiedad, la salud y otros que se reflejaron en aprehensiones indiscriminadas, el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, intimidaciones y amenazas, trato inhumano y degradante de los detenidos e ingreso arbitrario a domicilios en forma violenta. 

Pero también en esta acción de violencia irracional, varios funcionarios policiales que actuaron en el operativo fueron afectados en su integridad personal en el cumplimiento de sus funciones, con diversa consecuencia y gravedad.

Han pasado cinco años de estos hechos durante los cuales, pese a la gran cantidad de pruebas y testimonios, el Ministerio Público responsable de realizar las investigaciones para determinar quiénes instruyeron, permitieron y ejecutaron esas acciones, no reportan ningún avance importante, aparentemente más por resguardar intereses desconocidos que por incapacidad o falta de medios.

Aún más, en una muestra de irresponsabilidad, se decidió excluir del proceso de investigación, a priori y sin razón justificable, a las autoridades políticas y policiales que en ese momento ejercían los más altos cargos de control y mando sobre los policías que intervinieron en el hecho.

Esta determinación, que hace escarnio una vez más el mandato y el principio de justicia, muestra además que estamos frente a un sistema que sólo busca proteger a los poderosos y encubrir todas las acciones de abuso y violencia que estos pudieron cometer, promoviendo al mismo tiempo la posibilidad que los asesinatos de David y Mario queden en la más cruel y absoluta impunidad.

Es probable que la intención de los fiscales que atienden este caso, sea que se extinga en medio del olvido, la injusticia y el cansancio de los familiares de los muertos que, como tantos otros, se han perdido de la memoria y los discursos de justicia e igualdad que nuevamente se les niega a las víctimas que siempre resultan siendo los más pobres y vulnerables.

Desde el principio de este conflicto, la Defensoría del Pueblo ha intervenido, primero para lograr la pacificación y el cese de la violencia, luego para que se conozcan los hechos a través de una investigación y un informe defensorial y posteriormente para exigir que se haga justicia.  Lamentablemente en el último objetivo nos enfrentamos a la aparente decisión de las instituciones del Estado de generar un mecanismo de encubrimiento para que suceda precisamente lo contrario.

Queremos señalar enfáticamente que esta actuación cuestionable que deja serias dudas sobre el accionar de los fiscales encargados de este caso, no logrará que desistamos de nuestra demanda permanente. Por ello, acudimos al Fiscal General del Estado para que, como autoridad nacional responsable del Ministerio Público y por sus atribuciones, intervenga de inmediato y propicie una revisión de esta determinación para que se reencause el proceso en aras de asegurar que este hecho tan luctuoso y criminal no quede en el olvido y la impunidad. 

 

Valorar esta noticia: 
sin votos aún