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A propósito de la reforma a la ley de juzgamiento de altas autoridades (044), miembros de la oposición sugirieron que a futuro se enjuicie a las autoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la represión en Chaparina, la corrupción en el exFondo Indígena (Fondioc), las irregularidades en el caso terrorismo, además de otros temas.
“Todo el mundo hemos visto el salvajismo con que se ha actuado con los indígenas en Chaparina”, manifestó el senador Edwin Rodríguez.
El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino violentamente la marcha que realizaban indígenas del TIPNIS en rechazo a la construcción de una carretera a través de su territorio.
La Fiscalía lleva adelante una investigación, de la cual excluyó al presidente Evo Morales y al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
El diputado Wilson Santamaría manifestó que “Llorenti será uno de los primeros en responder” por este caso. Además, planteó que también se enjuicie al canciller, David Choquehuanca, quien tuvo participación en el desarrollo del conflicto.
Sobre el caso Fondioc, el diputado Gonzalo Barrientos aseveró que los actuales miembros del Ejecutivo podrían ser enjuiciados por omisión.
La Contraloría General del Estado identificó un supuesto daño económico de 71 millones de bolivianos por el desvío de recursos destinados para proyectos. Asimismo, la intervención al Fondioc determinó que presunto daño es de 102 millones.
Santamaría afirmó que los miembros del Directorio del exFondioc tienen responsabilidad por omisión. La exministra Nemesia Achacollo fue presidenta de esta entidad, que contaba con la representación de otros ministerios.
La diputada Norma Piérola, a su turno, mencionó el caso terrorismo.
El 16 de abril de 2009 la Policía ingresó al hotel Las Américas y acribilló a Eduardo Rózsa y dos extranjeros, acusados de terrorismo y planear asesinar a Evo Morales. Sin embargo, los opositores aseguran que este caso fue un montaje del Gobierno para implicar a líderes autonomistas cruceños.
Asimismo, familiares de Michael Dwyer, uno de los abatidos en dicho hotel, ha pedido una investigación internacional por la supuesta ejecución extrajudicial del irlandés.
Otros casos
La diputada Rufina Cladera indicó que el caso Caranavi también puede derivar en un juicio para los actuales gobernantes. En 2010, dos jóvenes murieron tras una intervención policial a una protesta de comunarios que exigían la construcción de una planta de procesamiento de cítricos. Llorenti también fue excluido de estas investigaciones.
Piérola recordó que ella misma inició un juicio de responsabilidades por la muerte de Cristian Urresti en Cochabamba. En 2007, este joven fue asesinado violentamente en un enfrentamiento derivado por una pugna entre el masismo y el entonces prefecto Manfred Reyes Villa. La opositora lamentó que este proceso esté paralizado.
Cladera manifestó que los actuales gobernantes también podrían ser procesados por la quiebra de empresas públicas. En este tema, sus colegas mencionaron al Mutún y Enatex.
Observación a la reforma
Los opositores rechazan la reforma a la ley de juzgamiento de altas autoridades porque crea una instancia de apelación a las sentencias. En su opinión, el oficialismo incorporó esta modificación para beneficiar a los actuales gobernantes en un posible juicio a futuro.
Las modificaciones a la ley 044 se aprobaron en el Senado y ahora deberán ser tratadas en Diputados.
Reforma a la ley 044 aprobada en el Senado
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